Washington – José Urias, un empresario e inmigrante de origen salvadoreño, se unió este lunes al llamado al presidente de EEUU, Joe Biden, a ser «valiente» y extender el TPS para que miles de extranjeros que gozan de ese auxilio no queden expuestos al plan de deportación masiva del presidente electo, Donald Trump.
«Presidente Biden, usted puede hacer la diferencia», dijo hoy Urias en una rueda de prensa junto a activistas y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en el Parque Lafayette, a pocos metros de la Casa Blanca.
El empresario, que emplea a más de 50 personas en Malden (Massachusetts), está protegido por el TPS desde hace casi 24 años; sin embargo, su amparo expira el próximo 9 de marzo.
«Por favor, proteja a mi familia, a mis empleados, no deje que este sueño americano se derrumbe», pidió Urias al presidente, que termina su mandato en enero próximo.
El llamado al demócrata busca la extensión del amparo migratorio que protege a más de 860,000 extranjeros, la mayoría venezolanos (344,335), haitianos (200,005) y salvadoreños (180,375), por un año y medio más.
El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
Actualmente hay inmigrantes de 16 países favorecidos con este beneficio. En su anterior administración (2017-2021), Trump ya arremetió contra los migrantes beneficiados del TPS cuando quiso eliminar la protección para seis países: El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal.
«Estamos seguros que Trump va a intentar nuevamente acabar con esa protección», advirtió a EFE Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una organización que potenció la creación de la Alianza TPS para defender el beneficio.
La alianza respaldó una demanda encabezada por varios ciudadanos estadounidenses, hijos de beneficiarios del TPS, que logró sostener el beneficio para esos países. «La situación ahora es diferente porque Trump y sus aliados ya aprendieron de los errores que cometieron y seguramente esta vez lograrán su objetivo», anticipó Alvarado.
Un año y medio más de protección
Biden tiene en sus manos extender el alivio por al menos 18 meses, lo que le permite la ley para ampliar el permiso de trabajo para estas personas y protegerlas de la deportación, la cual emprenderá Trump con ayuda de las Fuerzas Armadas e invocando una figura conocida como emergencia nacional.
Sin embargo, Alvarado duda que el demócrata quiera utilizar «el poco capital político que le queda».
El activista explica que la actual administración continuó el litigio en corte emprendido por Trump y no fue sino hasta junio del 2023 que cedió y otorgó una victoria a los inmigrantes.
«Biden solo necesita valentía y coraje político para hacerlo, todo está al alcance de su pluma», subrayó Alvarado.
Los participantes en el llamado de este lunes destacaron el aporte económico hecho por los amparados por el TPS y las raíces que tienen en Estados Unidos, la mayoría con hijos ciudadanos estadounidenses.
Oscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza América, una red de organizaciones lideradas por inmigrantes de origen latinoamericano y caribeño, aboga por la extensión de la validez de los permisos de trabajo de los protegidos por el TPS y otros beneficios como lo ha estado haciendo Biden.
«La prórroga automática permitiría descongestionar un poco los procesos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y permitiría a los inmigrantes crear un plan de acción ante lo que se avecina», dijo a EFE.
Ecuador Colombia y Guatemala
Los grupos civiles y congresistas demócratas también han pedido a la administración demócrata que designe un TPS para ciudadanos de Guatemala, Ecuador y Colombia
Desde hace meses congresistas han urgido al Gobierno Biden a incluir a los inmigrantes de estos países debido a la violencia que ha empujado a la salida de sus países.
Además han solicitado al presidente Biden que amplíe la designación para incluir a indocumentados de los 16 países, que llegaron después de la fecha límite establecida por el gobierno.
«En Alianza América estamos exigiendo que se tome una decisión concreta sobre los nicaragüenses», enfatizó Chacón.
