Sídney (Australia) – Las nuevas leyes sobre inmigración aprobadas ayer por Australia, que otorgan amplios poderes al gobierno y le permite pagar a otros países para que acepten a extranjeros cuya deportación es inviable, «socavan los principios básicos de la protección de los refugiados», denunció este viernes la oenegé Human Right Watch (HRW).
«En contra de las normas internacionales, las leyes (de Australia) no exigen que estos países (que tras previo acuerdo aceptarían a los extranjeros) sean parte de la Convención sobre los Refugiados, ni incluyen salvaguardias adecuadas para proteger a los refugiados de daños o detención en el extranjero, o de devolución a países donde puedan sufrir persecución», subraya HRW.
El Senado australiano aprobó la víspera una batería legislativa que, entre otros poderes, le da autoridad al gobierno a solicitar penas de prisión para los refugiados en Australia cuyo estatus haya sido revocado y para las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas que se niegan a ser deportadas.
Además, el Gobierno australiano se reserva el poder de prohibir la entrada a extranjeros de países que no acepten deportaciones, como Irán o Sudán, así como le otorga inmunidad frente a futuras demandas de personas perjudicadas por su deportación.
HRW remarca que estas leyes, que según una investigación oficial podrían afectar a unas 80.000 personas, «marcan un nuevo mínimo» y «suponen una escalada en el maltrato que Australia inflige a los refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo».
Esto supone el reforzamiento de «un sistema que criminaliza y castiga a los refugiados y solicitantes de asilo», recalca la ONG.
El punto de partida de esta ley viene a raíz de una decisión judicial por la cual decenas de extranjeros con historial delictivo fueron liberados en 2023 de los centros de detención para inmigrantes al estimar que su deportación era inviable y, por tanto, se exponían a una privación de libertad indefinida.
Las leyes, además, fueron presentadas ante el Parlamento después de a principios de mes el Tribunal Superior de Australia declarara ilegal la imposición de dispositivos de vigilancia electrónica y toques de queda a más de 200 inmigrantes indocumentados que habían sido puestos en libertad el año pasado.
La histórica decisión del año pasado decidió la suerte de NZYQ, un hombre rohinyá -una etnia birmania no reconocida por las autoridades de su país-, que se enfrentaba a la posibilidad de ser detenido de por vida porque ningún país había aceptado reubicarlo tras cumplir en Australia una condena de 10 años de prisión por delitos sexuales contra menores.
En el pasado Australia ya mantuvo una férrea política contra la inmigración indocumentada, en la que destacan los centros de procesamiento de inmigrantes en países terceros, como Nauru o Papúa Nueva Guinea, que fueron criticados por Naciones Unidas y que estuvieron por última vez en funcionaron entre 2013 y 2019.
