Tegucigalpa – El Estado hondureño tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso de consulta previa, libre e informada, no solo como un trámite legal, sino que para conocer el impacto que tendrá en la vida de las personas la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en la comunidad de Mocorón, departamento de Gracias a Dios, indicó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– El Conadeh advirtió sobre la responsabilidad internacional del Estado hondureño y los impactos que podrían causarse por violaciones a los derechos humanos.
El Director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, recordó, a las autoridades hondureñas, la obligación estatal de garantizar el derecho a la consulta e identidad cultural de los pueblos y comunidades involucradas, debiendo ser realizada con carácter previo, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo adecuado, accesible e informado.
Lo que estamos verificando, dijo Cáceres, es que la consulta previa, libre e informada se instale, porque no solamente es el tema penitenciario sino de seguridad y si la población requiere de otras atenciones.
Agregó que la consulta previa, libre e informada es uno de los requisitos sine qua non que exige el derecho internacional y el derecho interno, sobre cómo deben realizarse estos procesos cuando involucran a los pueblos indígenas.
El Conadeh no ha registrado, hasta el momento, un procedimiento de socialización equivalente a la consulta previa, que no solamente es decirles que va a existir un centro penitenciario, sino que, los impactos y los alcances que eso va a tener en sus modos y formas de vida, afirmó.
Agregó que, esta Institución Nacional de Derechos Humanos siempre ha estado anuente para participar en cualquier proceso de socialización de proyectos, en este caso, de alto impacto, debido a que se trata de la construcción de una cárcel o un centro penitenciario.
El Conadeh advirtió sobre la responsabilidad internacional y los impactos que podrían causarse por violaciones a los derechos humanos.
Además, reafirmó su posición frente a la construcción de megaproyectos y advirtió que la adopción de una medida de esa naturaleza requiere, obligatoriamente, de la participación de los pueblos y comunidades afectadas, lo cual se debe desarrollar mediante la consulta previa, libre e informada.
El ente estatal recomendó tener en consideración el Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Miskitu, como una herramienta metodológica, en la Moskitia, para facilitar el proceso de consulta.
Indicó que el Conadeh realiza un monitoreo constante sobre este proyecto en el que se pretende construir un Centro de Reclusión de Emergencia, en la comunidad de Mocorón, a través de su Delegación Departamental en Gracias A Dios, la Defensoría de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños y el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos.
Miembros de la Delegación Departamental del Conadeh en Gracias a Dios inspeccionaron recientemente el predio donde se pretende construir la cárcel.
Hasta ahora, diferentes organizaciones, representantes del pueblo Miskitu de Honduras, se han posicionado en contra de la construcción del centro de reclusión en Mocorón, comunidad de aproximadamente 2,000 habitantes, ubicada en el municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.
