San Diego (CA) – El juez federal Dana Sabraw instó este martes al Gobierno a agilizar el proceso de identificación de familias separadas antes de lanzar la política de «tolerancia cero», luego de que abogados del presidente, Donald Trump, dijeran que les tomará hasta dos años realizar dicha tarea.
Abogados del Gobierno y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) comparecieron este martes en una audiencia en San Diego, California, donde analizaron el plan de la Administración para identificar a familias separadas en la frontera sur del país.
Sabraw, quien preside en una corte de San Diego una demanda colectiva a nombre de los migrantes afectados, pidió que se tome esta labor con la «misma energía» que hace un año, cuando se halló a un primer grupo de más de 2.814 niños, de los que 2.759 ya fueron entregados a sus padres o a algún familiar o persona que los represente.
«Este es un problema demasiado significativo, tan importante como el primer grupo de reunificaciones», subrayó el juez durante la audiencia y elogió tanto a los representantes del Gobierno como a las familias migrantes, ya que, dijo, ambas partes trabajan por «un bien común».
«Tenemos la obligación de empezar más temprano que tarde», sostuvo el juez.
Sabraw resaltó que ambas partes cuentan con el personal adecuado para cumplir con esta tarea «en un plazo más corto».
Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que la Agencia de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha iniciado la preparación de una base de datos que involucra a los 47.000 niños que fueron liberados de custodia federal en el periodo de entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018.
La apuesta del Gobierno se basa en «conocimiento pragmático, análisis de registros y ciencia estadística» para identificar, en un periodo de entre 12 y 24 meses, a los menores que serían elegibles para beneficiarse del mandato judicial que ordenó la reunificación con sus progenitores en agosto de 2018.
Pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los afectados, presentó ayer un plan alternativo, ya que consideran que es «inaceptable» que se requiera tanto tiempo.
En dicho documento, ACLU sugiere que se comience con el análisis de registros de forma inmediata y se recurra a la intervención de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
ACLU pidió a Sabraw que se ordene concluir con el proceso de identificación «dentro de tres meses y se entregue información continuamente».
También que se entregue, en caso de existir, la lista de todos los niños que fueron liberados de custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) dentro del plazo establecido por la corte en un periodo no mayor a siete días.
Scott Stewart, abogado con DOJ, refirió que si bien hay datos sobre los menores, desconoce que exista una lista como la que exige su contraparte.
Sabraw dijo haber leído dicho informe y consideró que «hay buenas sugerencias» para comenzar con el proceso en un periodo más corto que lo planteado por el Gobierno.
Por ello, solicitó al propio Gobierno que el informe sea evaluado por el comandante Jonathan White, de HHS, quien fuera uno de los «arquitectos» del plan utilizado para reunificar desde el año pasado al primer grupo que presentó la demanda colectiva, y que diera su opinión en cuanto a su viabilidad.
Por lo pronto, Sabraw citó de nueva cuenta a ambas partes para el próximo miércoles, en una audiencia en la que espera se presente un plan conjunto para cumplir con esta labor «cuanto antes».
El juez resaltó que se ha llegado a la recta final en la primera parte de la demanda, ya que faltan por reunificar a 55 de los más de 2.800 niños que fueron alejados de sus padres o madres cuando llegaron a la frontera sur del país para solicitar asilo político.
Sabraw dijo que espera la entrega de la totalidad de los menores dentro de las próximas semanas.
La política de «tolerancia cero», cuya aplicación comenzó en abril de 2018 y que Trump tuvo que frenar con una orden ejecutiva por la presión pública y de los tribunales, propició la separación de miles de menores de edad en la frontera sur con México.
