Phoenix – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este jueves a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que se investigue las detenciones «ilegales» de indocumentados en la frontera sur de este estado hechas por grupos civiles armados.
Por
medio de una carta enviada con copia al fiscal general, Héctor
Balderas, ACLU indicó que el pasado 16 de abril «una organización de
milicias fascistas y armadas», conocidos como Patriotas Constitucionales
de Estados Unidos, arrestaron en la ciudad de Sunland Park a casi
trescientas personas, incluidos menores, que buscaban «seguridad» en el
país.
El
documento alude a videos difundidos en redes sociales por el integrante
del grupo Jim Benvie y que muestran los arrestos realizados por los
miembros de la organización, quienes «no son agentes de la Policía ni de
la ley y no tienen ninguna autoridad bajo la ley federal o de Nuevo
México» para realizar esta labor, de acuerdo a ACLU.
«Sus
acciones socavan los esfuerzos legítimos de los funcionarios estatales
para mantener a las familias de Nuevo México a salvo y erosionan la
confianza de la comunidad», indica la organización.
Los
llamados Patriotas Constitucionales es un pequeño grupo armado
compuesto principalmente por veteranos y que para «mantener la frontera
segura» desde hace un mes mantiene un campamento cerca de Sunland Park,
vecina de la tejana El Paso.
El
grupo estableció su campamento cerca de la valla fronteriza y su líder,
John Horton, quien se define como comandante del grupo, ha indicado a
medios locales que EE.UU. se ha construido sobre tres pilares: «Dios,
armas y agallas».
Horton
dice que portan armas para defensa personal, dado que se viven tiempos
de «mucho peligro» en la frontera sur del país y la «bandera
estadounidense tiene que seguir volando».
«No
queremos Rambos, no queremos a alguien aquí solo para crear un
problema, estamos armados para nuestra propia protección», precisó.
Mencionó
que el grupo, que se encuentra asentado en una esquina en la que
convergen El Paso y la mexicana Ciudad Juárez, únicamente se encarga de
alertar a los agentes de la Patrulla Fronteriza cuando se encuentra con
solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados.
Pero
ACLU de Nuevo México opina que estos grupos, lejos de ser
organizaciones de autodefensa y de apoyo a las autoridades migratorias,
son «milicias racistas» que atentan contra la ley y la seguridad de los
inmigrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos.
«El
vil racismo de la administración Trump ha alentado nacionalistas y
fascistas blancos a violar flagrantemente la ley. Esto no tiene cabida
en nuestro estado», indica la carta en la que la organización pide a las
autoridades «se investigue esta conducta atroz e ilegal».
