Madrid – Pozuelo de Alarcón ha iniciado el procedimiento para cerrar el centro de acogida de migrantes ubicado en la localidad por no disponer de licencia, según han confirmado a EFE fuentes municipales.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha denunciado la “improvisación” del Gobierno en su política migratoria.
“Ellos invitan y los ayuntamientos pagamos la fiesta. Y hasta aquí hemos llegado”, ha resaltado durante su intervención en una entrevista en TeleMadrid.
La edil ha detallado que la inspección municipal ha sido motivada por la falta de información oficial pese a semanas de solicitudes a varios ministerios.
Según ha indicado, el centro solo cuenta con una licencia vigente desde 2013 para su uso como centro de formación con auditorio y garaje, “pero, eso, evidentemente no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado, que es un centro de acogida donde viven más de 500 personas”.
En sus declaraciones, la regidora ha subrayado que la transformación del uso del edificio supone “una temeridad” y ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado como lo haría “con cualquier otra actividad en el municipio”.
“Puede poner en riesgo la salud de las personas que están allí dentro”, ha resaltado.
15 días para alegaciones
En cuanto al procedimiento, ha explicado que el propietario del centro tiene ahora 15 días para presentar alegaciones, que serán valoradas antes de adoptar una decisión definitiva.
Tejero ha respondido también a las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien acusó ayer al Ayuntamiento de generar alarma.
Al respecto, la alcaldesa ha dicho que “este centro debería de estar cerrado y todo lo que allí ocurra a partir de hoy será única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno”, advirtiendo de que no se puede “jugar con las personas”.
Además, ha vuelto a rechazar la llegada de menores migrantes al centro CREADE, y ha recordado que fue habilitado como recurso de emergencia para refugiados ucranianos y que no reúne las condiciones para una acogida permanente.
Asimismo, Tejero ha acusado al Ejecutivo central de aplicar una política migratoria “irresponsable” y de actuar sin coordinación con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos receptores.
“Esto simboliza mucho cómo es la política migratoria del Gobierno: es improvisación, es quitarse los problemas de encima”, ha concluido. EFE
