Madrid – La Policía de una región del norte de España ha roto este mes un consenso habitual en el país con la publicación de un informe con datos de personas detenidas en el que incluye por primera vez su lugar de nacimiento -no la nacionalidad-, lo que ha generado debate en un clima de xenofobia creciente.
Publicar datos desglosados por origen o raza, aunque es una petición histórica de organismos internacionales y organizaciones antirracistas, tiene que hacerse con cuidado y de forma contextualizada, pues puede ser usado como arma xenofóbica, alertan a EFE varios expertos.
Es el Departamento de Seguridad del Gobierno del País Vasco (norte de España) el que ha comenzado a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos en esa región, es decir, si son magrebíes, latinoamericanos, europeos, asiáticos o subsaharianos.
Esta semana se ha especulado en medios con que los Mossos, la policía de Cataluña (este), pueda tomar una medida similar, aunque la consellera de Interior del Gobierno catalán, Nùria Parlon, aseguró el lunes que no detallan la nacionalidad de los delincuentes multirreincidentes, siguiendo las directrices del código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña.
Pero el director de esta policía, Josep Lluís Trapero, anunció que cuando en enero presenten el balance delincuencial de Cataluña harán un análisis con más contexto sobre tipologías delictivas y perfil del delincuente mayoritario en cada caso para no centrarse en la nacionalidad, sino especialmente en sus condiciones de vida.
El director del estatal Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Tomás Fernández, explica a EFE que es bueno tener datos, pero hay que tener cuidado con cómo se usan.
«Nos pueden interesar determinados datos, pero hay otros que hay que tener mucho cuidado cómo se utilizan porque se pueden tergiversar y puede dar lugar a una viralización de algo que puede no ser cierto (…), lo que puede ser peligroso», indica.
Los datos descontextualizados, continúa, pueden llevar a «generalizaciones» que crean una «ilusión de verdad» o «sesgo de confirmación».
Una medida innecesaria y con tintes políticos
Las organizaciones sociales y antirracistas llevan años solicitando a las instituciones que desglosen datos por raza y etnia «porque la única forma de visibilizar la discriminación racial y los efectos del racismo es recogiendo datos que permitan evidenciar la realidad de la diferente población en función a su condición racial», dice a EFE el periodista y experto en racismo y xenofobia Youssef M. Ouled.
Sin embargo, «no hay ningún tipo de demanda social detrás ni de ningún organismo que diga que es necesario que se haga pública la nacionalidad de los detenidos», apunta Ouled.
Cree que es innecesario porque un detenido no necesariamente es judicializado: «Sabiendo que las personas no blancas son las más perfiladas por la policía, esto también va a ser una medida que va a alimentar esa criminalización racial, esa asociación entre criminalidad y migración».
El consejero de seguridad vasco, Bingen Zupiria, explicó públicamente que la divulgación de los datos se debe a una «presión tremenda» del conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox en el parlamento regional.
Precisamente el mes pasado ambos partidos coincidieron en que el Consell valenciano (el órgano de gobierno de la Comunidad Valenciana) emita estadísticas que diferencien a españoles de inmigrantes sobre, por ejemplo, las ayudas que se reciben, cuánto faltan al trabajo o cuánto usan los servicios médicos.
«Hoy en día la ultraderecha a nivel global está poniendo muchísimo dinero a esas campañas de odio y esa asociación interesada entre criminalidad y migración. Entonces una forma efectiva de luchar contra la desigualdad es recoger datos, pero no cualquiera y menos sin consultarlo con las personas y grupos afectados», zanja Ouled.
La xenofobia, el delito de odio más común
En España, el racismo y la xenofobia son el delito de odio más reportado, por encima de los delitos de odio contra personas LGTBI o por antigitanismo o antisemitismo; en 2024 se denunciaron a la policía 804, una cifra ligeramente inferior a los 856 de 2023, según datos del Ministerio de Interior.
Sin embargo, Fernández remite a informes europeos que dicen que solamente entre una y dos personas de cada diez denuncian, por lo que los hechos denunciados son «la punta del iceberg».
Además, estos delitos se concentran «particularmente hacia migrantes del norte de África y musulmanes».
Las redes sociales actúan como caldo de cultivo para esa xenofobia y ahí se vierten mensajes -muchas veces falsos- contra colectivos que alimentan el odio y que cada vez se viralizan más, advierte Fernández.
Han acabado incluso en incidentes como el del pasado julio en Torre Pacheco, un pueblo de Murcia (sureste), donde los vecinos llegaron a atacar a vecinos marroquíes y asaltar sus negocios, después de que se conociera la agresión a un lugareño de 68 años.
El «discurso de odio -explica el director del Observatorio- es la antesala de lo que puede producirse en el ámbito ‘offline’ y el ámbito físico. Por lo tanto, es muy importante esta monitorización de las redes porque nos da el termómetro de lo que está sucediendo en la sociedad». EFE
