San Juan – Varias organizaciones repudiaron este jueves en una manifestación la complicidad del consulado general de la República Dominicana en Puerto Rico con las políticas migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Día Internacional del Migrante.
“Ha optado por evadir la realidad de discriminación y violencia institucional que experimenta la comunidad que representa, legitimando prácticas federales y locales que han sido señaladas por múltiples organizaciones como violatorias de derechos humanos”, expresó en un comunicado Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
Guerrero y portavoces de Amnistía Internacional Puerto Rico, Kilómetro 0 y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico que promueven la campaña ‘Migrar es un Derecho’, denunció que, lejos de ofrecer protección real a la comunidad dominicana residente en el archipiélago, el consulado adoptó un rol que normaliza la persecución y el miedo.
Las organizaciones subrayaron que, en momentos en que Estados Unidos vive una de las campañas de represión migratoria más agresivas de las últimas décadas, el deber de cualquier representación consular debe ser defender a su gente con firmeza, denunciar las violaciones de derechos y garantizar acompañamiento a quienes enfrentan persecución estatal.
Asimismo, criticaron que el consulado falló en establecer mecanismos sólidos de apoyo, en proveer información clara sobre derechos, en denunciar públicamente las redadas indiscriminadas y en acompañar a las familias afectadas.
Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, lamentó que mientras la administración Trump “intensifica su maquinaria de persecución, el consulado dominicano elige alinearse con los mismos mecanismos que están destrozando vidas y familias”.
Las organizaciones que asistieron a la protesta señalaron que en el Día Internacional del Migrante, fecha establecida por la ONU para promover la dignidad y la justicia de todas las personas que se desplazan, este silencio institucional adquiere un peso aún mayor.
Del mismo modo, sostuvieron que el Consulado General de República Dominicana en Puerto Rico tiene el deber de emitir nuevas orientaciones basadas en derechos humanos, no en discursos de criminalización.
Además, subrayaron la necesidad de establecer mecanismos claros y accesibles de apoyo y asistencia legal, especialmente durante operativos y redadas.
Por último, reiteraron que el consulado dominicano y cualquier otro cuerpo consular que represente comunidades de migrantes en Puerto Rico debe denunciar activamente los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades locales y federales contra personas migrantes, cumpliendo con su función consular.
