Managua – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este viernes a Nicaragua esclarecer las muertes ocurridas el 30 de mayo de 2018 durante una multitudinaria marcha, al revelar detalles del suceso, en el que asegura que hubo una «fuerte desproporción» en el uso de la fuerza por parte de la Policía.
«Las personas asesinadas el 30 de mayo de 2018 en #Nicaragua murieron en circunstancias que deben ser esclarecidas por el Estado», instó el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH, en un tuit.
La fuente indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, analizó el ataque a la manifestación opositora, que dejó 15 muertos y 199 heridos, de a acuerdo con cifras del propio Gobierno.
Según los hallazgos del GIEI, las agresiones contra los manifestantes provenían desde la zona próxima al Estadio Nacional de Béisbol y hubo testimonios que identificaron ataques desde las Lomas de Tiscapa, ubicadas al final de la avenida universitaria.
«Los manifestantes son atacados por miembros de la Policía Nacional y grupos de choque con armas de fuego. El resultado: decenas de heridos y al menos 6 manifestantes muertos, trasladados en motos para ser auxiliados por socorristas voluntarios», según el informe del GIEI.
Todas esas muertes ocurrieron entre las 16.00 y las 18.00 hora local (22.00 a 24.00 GMT).
«Como en otros eventos analizados por el GIEI, los muertos caen alcanzados por disparos de arma de fuego en cabeza y tórax», anotó.
Según el organismo, las imágenes analizadas por el GIEI muestran además a los manifestantes, en su mayoría estudiantes, en dos barricadas que construyeron, listos para defenderse con lanzamorteros artesanales.
Luego de intensos ataques lanzados por la Policía y grupos de choque con armas de fuego, hay pocos manifestantes en las barricadas: «varios fueron heridos y seis de ellos asesinados». Los que quedan son reprimidos con disparos y gases lacrimógenos, según el informe.
«Las imágenes analizadas por el GIEI muestran fuerte desproporción en el uso y presencia de armas de fuego en fuerzas de seguridad y personas de civil bajo su coordinación, y manifestantes en inferioridad de condiciones, armados con morteros caseros», afirma.
Según testimonios obtenidos por el GIEI, hubo francotiradores y los vídeos analizados por los especialistas muestran además acciones combinadas entre civiles armados y miembros de la Policía Nacional: todos portando armas de fuego, incluso, armas de guerra.
El 30 de mayo de 2018, día en que se celebra el Día de la Madre en Nicaragua, una multitudinaria marcha opositora en Managua terminó bañada de sangre justo después de que el presidente Daniel Ortega afirmara en un discurso ante sus seguidores: «Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos».
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes»- y denuncia un intento de golpe de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el GIEI asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
