Los Ángeles – Los fiscales generales de California y Nuevo México respaldaron este viernes la demanda entablada contra el plan del presidente Donald Trump de usar fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro en la frontera sur.
El caso está en manos del Tribunal Supremo, después de que a comienzos de este mes el Noveno Circuito de Apelaciones falló a favor de los demandantes y le impidió al Gobierno usar 2.500 millones de dólares, asignados inicialmente a otros proyecto de defensa, para la construcción del muro.
El pasado 12 de julio, la Casa Blanca decidió llevar al Supremo el litigio entablado por las organizaciones Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
Los procuradores de California y Nuevo México, Xavier Becerra y Héctor Balderas, respectivamente, firmaron un documento de apoyo legal («amicus brief») en el que argumentan que el entorno natural en esos estados sufrirían daños irreparables si se permitiera la construcción del muro fronterizo.
«Una vez que se hace este daño, no se puede deshacer», dijo en un comunicado Becerra, en alusión a las consecuencias en el medioambiente.
«Le pedimos a la Corte Suprema que rechace este impaciente intento del gobierno federal por acelerar el proyecto», añadió el procurador californiano.
Por su parte Gloria Smith, abogada de Sierra Club, dijo en un comunicado que «los residentes de la frontera aguantan las consecuencias de este muro todos los días, incluyendo los daños a sus comunidades y el medioambiente».
El gobierno federal está solicitando al máximo tribunal que emita una orden que suspenda la decisión del Noveno Circuito, lo que le permitiría comenzar la construcción del muro con fondos federales.
El documento enviado por los fiscales asegura que «las acciones ilegales de la Administración Trump amenazan los intereses soberanos de los estados y su capacidad para hacer cumplir las leyes dentro de sus fronteras para proteger el agua y la calidad del aire, así como los corredores de vida silvestre».
