Washington – Varios expertos alertaron hoy ante el Congreso que los niños inmigrantes llegan «vulnerables» a la frontera, al criticar la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, en especial su trato a los menores de edad.
«Estos niños llegan a nuestras fronteras ya vulnerables por la violencia en sus escuelas, en sus calles, en sus hogares», dijo la psiquiatra infantil y de familia Amy Cohen al intervenir en una audiencia ante senadores demócratas.
«No son adultos que los utilizan para explotar lagunas en nuestras leyes de inmigración», afirmó la experta, una de las invitadas a la comparecencia bautizada «Estados Unidos habla: Detenga el trato cruel de Trump a los niños en la frontera».
La cita fue convocada por un grupo de senadores demócratas, partido que es minoría en la Cámara Alta, y contó con la presencia de expertas que narraron sus experiencias en distintos centros de detención, en los que el común denominador era el sufrimiento y las condiciones insalubres de los pequeños, aseguraron.
«Conocimos a niños que estaban demasiado traumatizados para interactuar con nosotros», relató por su parte Hope M. Frye, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Project Lifeline, orientada a ayudar a pequeños inmigrantes.
Frye confesó que incluso después de realizar una visita a una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), dos días después enfermó.
«Tenía fiebre (39,1), vómitos, diarrea y el peor dolor de cabeza de mi vida», afirmó la experta, quien aseguró que desarrolló «la misma tos que muchos de los niños tenían».
Al referirse a la actuación oficial, Frye indicó que la Administración hace creer que el número de niños que llegan al país es la causa del retraso en el traslado de los chicos desde las instalaciones de la CBP a otras agencias encargadas de su atención.
«Pero el verdadero culpable son las políticas de esta Administración», advirtió al atribuir la baja en el traslado de menores a los centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) a los «requisitos restrictivos e innecesarios» impuestos para la investigación de las familias que quieren acogerlos.
Y para hacer frente a la sobrepoblación en los centros de detención, la directora del programa de derechos de los migrantes y justicia de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Michelle Brané, planteó que el Gobierno debería «evaluar» la liberación de los solicitantes de asilo y sus familiares en la frontera.
«No hay absolutamente ninguna razón para detenerlos durante semanas y meses en instalaciones abarrotadas que ponen en peligro la salud y la seguridad de los migrantes y empleados del Gobierno», afirmó Brané, para quien la Administración «podría y debería» seguir las pautas internacionales para los casos de asilo, como la libertad condicional, la fianza y las alternativas a la detención.
Mientras que Imelda Maynard, abogada de Caridades Católicas en el sur de Nuevo México, lamentó que muchos de los migrantes que llegan en busca de asilo «serán separados de sus hijos y familiares» y «si tienen ‘suerte’, su hijo puede ser alojado en un refugio en el mismo estado donde está detenido», lo que admitió no ocurre a menudo.
«Esto puede ser traumático para la salud emocional y física de los niños», sentenció esta jurista, para quien «es difícil imaginar lo que se debe sentir al buscar refugio en esta tierra de libertad solo para ser separados de la familia y tratados como delincuentes».
Maynard alertó que ahora «puede ser peor», ya que a los solicitantes de asilo los envían a México, donde las condiciones sociales «pueden ser peores que esas de las que están huyendo».
