Los Ángeles – Una estadounidense no acaba de entender por qué su esposo, y padre de sus cuatro hijos, terminó siendo castigado y separado de su familia por diez años solo por decir la verdad a una pregunta sobre consumo de sustancias controladas en una solicitud de residencia permanente.
Christine Palomar lleva casi dos meses de incredulidad y angustia desde que autoridades consulares estadounidenses le negaran la petición de residencia permanente a su esposo, José Palomar, en Ciudad Juárez, México, tras admitir que había consumido marihuana en el pasado.
«Le dijeron que fuera honesto, que dijera la verdad, y él lo hizo, y ahora lo están castigando a él y a toda la familia por decir la verdad?», explica la mujer.
La pesadilla de esta familia comenzó el pasado tres de junio cuando José, de 26 años, viajó a la ciudad fronteriza a terminar un proceso para su estatus legal que en teoría sería «fácil».
José parecía un candidato perfecto para aprobar rápidamente el ajuste de su estatus.
Estaba amparado por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) desde 2012, no tiene acusaciones criminales en su récord, está casado con una ciudadana estadounidense, es padre biológico de dos niños estadounidenses y adoptivo de otros dos. Además, trabaja para mantener a su familia y paga impuestos.
«Ni un tatuaje tiene en su cuerpo», dice a Efe Christine mientras revisa algunos documentos.
Al marcar de forma afirmativa a la pregunta de un formulario médico sobre si había consumido drogas o sustancias controladas en el pasado, fue su honestidad la que lo dejó al otro lado de la frontera sin posibilidades de regresar a su casa en Corona, California.
«Yo puse la verdad en ese formulario, me tomaron los exámenes de sangre y de orina y después me hicieron regresar para que hablara con un psicólogo», explica José a Efe durante una llamada telefónica desde Ciudad de México.
Rodrigo García, padre adoptivo de José y quién lo acompañó a presentar la entrevista, asegura que se les hizo extraño que un psicólogo quisiera hablar con el joven.
«Él estaba perdido en México, lo trajeron a los cinco años a Estados Unidos, es muy inocente y no entendía que estaba pasando», detalla García.
Tras la consulta con el especialista, José recibió una nota que dice: «Como resultado de la evaluación psicológica realizada durante su examen médico, se recomienda que usted asista a un programa de Narcóticos Anónimos o Centro de Rehabilitación para el uso de sustancias por un periodo de al menos tres meses».
También se le recomienda unas terapias de estrategias para manejar situaciones adversas. Nunca le dejaron saber cuál era el resultado de los exámenes.
«Es imposible que haya resultado positivo», asegura el mexicano.
Dos días después, José asistió a una cita en el consulado estadounidense donde lo único que le preguntaron fue el nombre de su esposa.
Al final del proceso, un empleado consular le dijo que su petición había sido rechazada, que había perdido el permiso provisional que le permitía regresar a Estados Unidos, que estaba castigado por diez años, pero podría realizar la solicitud en un año.
«Me destrozaron la vida, yo no soy un adicto, no estoy en negación, estuve en un lugar equivocado pero eso no quiere decir que ahora mis hijos, mi familia, tengan que vivir con que yo soy un adicto a las drogas», recalca José.
Entre lágrimas y destrozada por la separación, Susana Méndez, la madre de José, dice que el joven fue un excelente estudiante y que nunca ha tenido un problema, cuya prueba máxima es que pudo renovar todos estos años el beneficio del programa DACA, promulgado durante la Administración de Barack Obama.
Sin embargo, para el abogado de inmigración Fernando Romo la decisión sobre el caso de José no es extraña.
«Toda persona que declare que haya consumido sustancias controladas es declarado como no admisible, incluso si lo hizo en California, donde el consumo es legal», subraya.
El jurista advierte que la regla afecta también a las personas que abusan del alcohol, y que estas declaraciones afirmativas sobre uso de las mencionadas sustancias también afectan a los peticionarios de ciudadanía.
Sobre la orden de rehabilitación de tres meses, el abogado apunta que es una exigencia mínima y que por lo general los periodos son de un año. Incluso se les obliga a presentar muestras de orina con cierta regularidad.
Las explicaciones no convencen a Christine, quien ha hecho un llamado a las senadoras de California Kamala Harris y Dianne Feinstein, para que ayuden a traer a su esposo de regreso.
«¿Qué estamos enseñándole a nuestros niños estadounidenses, que decir la verdad es una equivocación»?, pregunta la mujer.
«Mis hijos están sufriendo una separación y esto los puede marcar para toda la vida. ¿Es tan difícil de entender?», vuelve a preguntar.
José está en Ciudad de México sin saber dónde y cuándo tiene que realizar la rehabilitación de su supuesta adicción. También desconoce la fecha en que podrá regresar al país que considera su único hogar.
