Barcelona – La región española de Cataluña vive este jueves una tensión creciente tras los graves disturbios de los tres últimos días en sus principales ciudades y las fricciones políticas sobre la violencia callejera y el amago del gobierno autónomo catalán de convocar un nuevo referéndum ilegal de «autodeterminación».
Barcelona vivió la pasada noche la peor jornada de violencia en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo español que el lunes pasado condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 de prisión por organizar una consulta de ese tipo el 1 de octubre de 2017, declarada inconstitucional.
La sentencia judicial originó una oleada de fuertes críticas de las autoridades catalanas y de los partidos independentistas, así como protestas callejeras multitudinarias que acaban en algaradas nocturnas, cada vez más violentas, a cargo de grupos radicales.
Hasta ahora fueron detenidas 97 personas por los incidentes, de los que cuatro están ya en prisión provisional por orden judicial, informó este jueves en rueda de prensa el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, 194 agentes resultaron heridos en las refriegas.
El ministro prometió que , que ha prometido que no habrá «impunidad» contra los violentos e insistió en que los autores de esos disturbios son personas vinculadas a movimientos que pretenden alterar el orden público bajo el pretexto de buscar fines políticos.
A los incidentes nocturnos se suman cortes de calles, carreteras y vías férreas todos los días; grupos extremistas bloquearon los accesos al aeropuerto de Barcelona el lunes pasado.
La capital de Cataluña es, con diferencia, donde los disturbios se suceden con más virulencia; por la noche, los radicales levantan decenas de barricadas con hogueras y atacan a las fuerzas de seguridad al término de las manifestaciones, con el resultado de grandes destrozos urbanos y decenas de detenidos y heridos cada jornada.
El miércoles fueron quemados varios automóviles y 400 contenedores de plástico, lo que dejó grandes humaredas, y los exaltados llegaron a lanzar pirotecnia contra un helicóptero policial, así como bombas incendiarias y ácido contra los agentes.
La policía regional (Mossos d’Esquadra), la encargada del orden público en Cataluña, trata de contener a los radicales con el apoyo de otras fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno central.
Este jueves, miles de alumnos universitarios y de educación secundaria se manifiestan en la capital catalana a favor de la «república», convocados por organizaciones estudiantiles independentistas y de izquierda.
También piden la dimisión de todo el gobierno regional por la «brutalidad generalizada» con que, a su juicio, se reprimen las manifestaciones.
Mientras tanto, prosiguen las denominadas «marchas por la libertad», que discurren a pie por carretera para concentrarse en Barcelona mañana, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.
REPROCHES AL PRESIDENTE CATALÁN
En este ambiente, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.
Liberales, conservadores y socialistas, entre otros opositores catalanes, pidieron hoy a Torra que dimita pero antes convoque elecciones regionales anticipadas, en el transcurso de un pleno especial del Parlamento autónomo.
Ante el Parlamento catalán, Torra se defendió hoy asegurando que «rechaza y condena todas las violencias» y apuesta por la «vía pacífica» para alcanzar la independencia.
Dijo que hay que «investigar hasta el fondo» para saber quién hay detrás de los incidentes; pidió hacer «autocrítica» por la actuación de la policía regional catalana y reclamó que nadie criminalice la «desobediencia civil».
El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, atribuyó la violencia a grupos «antisistema» al margen del independentismo.
Al calor de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente catalán anunció que habrá que «volver a poner urnas para la autodeterminación», algo que pretende hacer «esta legislatura», que acaba en 2021.
La vicepresidenta del Ejecutivo español, la socialista Carmen Calvo, le advirtió de que «hay un límite a partir del cual está el Código Penal», pues votar es la «piedra angular» de la democracia, pero siempre dentro de la legalidad.
También el partido independentista de izquierda ERC, que gobierna en coalición con Torra, le avisó de que «no es el momento» de poner fechas a la autodeterminación, y abogó por «forzar» al Ejecutivo español a sentarse a una mesa «de diálogo y negociación» sobre el futuro político de Cataluña.
