Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó este domingo el fallecimiento de dos presos en cárceles de máxima seguridad y pidió a las autoridades realizar una investigación para judicializar a los responsables.
Las autoridades de Honduras deben tomar «todas las medidas necesarias para prevenir estos hechos» en las cárceles y atender las causas estructurales que los generan, indicó la OACNUDH.
Además, deben «investigar exhaustivamente y sancionar a los responsables», señaló.
Un preso, identificado como Maro Tulio Amador, murió el viernes de manera violenta en la cárcel de Morocelí, en el departamento oriental de El Paraíso, mientras que el reo Magdaleno Fúnez Meza, fue asesinado el sábado en la prisión de Ilama, en el departamento occidental de Santa Bárbara.
La OACNUDH dijo que en ambos casos «se había solicitado su traslado a otros lugares de detención» y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) había «alertado a las autoridades sobre los riesgos a la vida y a la integridad personal que representaba su permanencia en los centros penitenciarios en los que se encontraban».
Agregó que una resolución judicial emitida el 25 septiembre ordena al Instituto Nacional Penitenciario «el inmediato traslado de un grupo de privados de libertad que se encontraban en este centro, incluyendo al fallecido (Marco Tulio Amador)».
«Dicha resolución hacía referencia, entre otras violaciones, al riesgo a la integridad personal que implicaba su permanencia en este centro; Sin embargo, al momento de los hechos el privado de libertad no había sido trasladado», indicó la OACNUDH.
Fúnez Meza, según dijo su abogado Carlos Chajtur, había sufrido varios atentados en la cárcel de Ilama, conocida como El Pozo, por lo que había solicitado su traslado a una unidad militar para evitar su muerte.
Chajtur indicó el sábado que Fúnez Meza recibió amenazas de muerte después de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de Honduras lo vinculó al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, declarado culpable el 18 de octubre de los cargos por narcotráfico de los que lo acusó el Gobierno de EE.UU.
Tony Hernández, arrestado en noviembre de 2018 en Miami, fue acusado de conspirar para exportar drogas a EE.UU., de posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos y de mentir a las autoridades federales, de los que se declaró no culpable.
El abogado responsabilizó al Estado de Honduras por la muerte de Fúnez Meza y exigió una investigación para «conocer quiénes lo mandaron a asesinar».
El preso estaba condenado por los delitos de lavado de activos, uso de nombre supuesto, tenencia de armas de uso comercial y prohibido, así como por tenencia de explosivos.
Antes los hechos violentos, las autoridades hondureñas intervinieron el sábado las dos cárceles de máxima seguridad y suspendieron de sus puestos a sus responsables.
El viceministro de Seguridad y coordinador adjunto del Gabinete de Seguridad y Defensa de Honduras, Luis Suazo, dijo en la víspera que el presidente de este país, Juan Orlando Hernández, ordenó la intervención de las cárceles y estará a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) a través de la Policía Militar de Orden Público.
Las fuerzas del orden se encargarán de la seguridad de los centros de reclusión con el fin de mantener «el orden, seguridad y control» y «evitar que se repitan los hechos violentos suscitados en las últimas horas», explicó el funcionario.
