Denver (CO) – Tres empresarios de la pequeña ciudad de O’Neill, en Nebraska, enfrentan desde este martes un juicio federal tras haberse declarado inocentes de las acusaciones de haber contratado a decenas de inmigrantes indocumentados para trabajos en tareas agrícolas y ganaderas en granjas de la zona.
John Glidden, a cargo de una planta procesadora de cerdos; John Good, comerciante de la localidad de Atkinson, y Mayra Jiménez, gerente de un vivero de tomates, afirmaron por medio de sus abogados que «desconocían» que estaban ayudando y dando empleo a trabajadores sin presencia legal en el país.
Pero, según indicó este lunes la fiscal federal asistente Lesley Woods, los tres acusados eran parte de «una red criminal» que contrató durante años a indocumentados en el área norte y central de Nebraska.
Esa red, liderada por Juan Pablo Sánchez Delgado, de 40 años, y miembros de su familia, utilizaba un restaurante y servicios de cambios de cheques en O’Neill como «pantalla» de sus actividades.
Fue precisamente la inusual cantidad de cheques hechos efectivo en el negocio Sánchez Delgado lo que llamó la atención de las autoridades.
Este hispano «encontraba» trabajo para los indocumentados en negocios locales como los de los juzgados ahora y luego, al cambiar los cheques, se quedaba con parte del pago de los trabajadores, una operación que le generó unos 5,6 millones de dólares en ingresos.
En agosto de 2018, después de dos años de investigaciones, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron 13 operativos en O’Neill que culminaron con el arresto de Sánchez Delgado y 16 de sus colaboradores, así como 130 indocumentados.
Posteriores investigaciones determinaron que el negocio de Sánchez Delgado en realidad le pertenecía a Good.
Sánchez Delgado y su hijo adoptivo, Antonio De Jesús Castro, se declararon culpables hace meses de los cargos en su contra y están cumpliendo penas de hasta 10 años en prisión.
Dave Domina, abogado de Good, dijo que su representado fue «solamente bondadoso» al ayudar a Sánchez Delgado.
Carlos Monzón, abogado de Glidden, pidió que «no se permita que este hombre (Glidden) se convierta en un chivo expiatorio» y Candice Wooster, defensora de Jiménez, enfatizó que la latina era «una trabajadora» en el vivero, sin responsabilidad alguna para verificar documentos migratorios.
La fiscalía, por su parte, anticipó que durante el juicio el jurado escuchará conversaciones telefónicas que demostrarían que Sánchez Delgado coordinó sus acciones con las tres personas ahora juzgadas y también se presentarán testimonios de los inmigrantes que fueron «explotados» en los negocios de Good, Glidden y Jiménez.
Se espera que el juicio contra los tres empresarios dure dos semanas.
