Dacca – La comunidad de refugiados rohinyás en Bangladesh ve con ilusión la denuncia por «genocidio» presentada ayer en un tribunal argentino contra Birmania (Myanmar), país del que huyeron hace dos años, y que se suma a otra acusación presentada el lunes por Gambia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Un líder rohinyá en Bangladesh, que acoge a unos 738.000 refugiados de esta minoría que huyeron del estado birmano de Rakáin en agosto de 2017, dijo a Efe hoy que está al tanto de ambas causas judiciales y espera que la consejera de Estado birmana, Aung San Suu Kyi, y otros responsables sean castigados por la ley internacional.
«Aung San Suu Kyi es una criminal, el general Min Aung Hlaing (jefe de las Fuerzas Armadas birmanas) es un criminal y hay muchos criminales en el ámbito estatal y regional responsables del genocidio», dijo Abdur Rahim, líder de la Sociedad de Rohinyás de Arakán para la Paz y los Derechos Humanos.
«Somos conscientes de los casos presentados contra ellos en Argentina y en el CIJ por Gambia. Queremos que sean juzgados», añadió.
Rahim denunció que los rohinyás están sufriendo en los campos de refugiados situados en el sureste de Bangladesh, donde las autoridades controlan sus movimientos y desde el pasado septiembre bloquearon las redes telefónicas.
Tun Khin, el presidente de la Organización Rohinyá de Birmania en Reino Unido (Brouk, por sus siglas en inglés), presentó el miércoles un caso por genocidio ante la justicia de Argentina, que recoge el principio de justicia universal.
El pasado lunes, Gambia presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) por motivaciones similares a las de la argentina.
AUMENTAR LA PRESIÓN INTERNACIONAL
«Esto ayudará a crear más conciencia sobre los crímenes cometidos contra los rohinyás», explicó a Efe el destacado activista bangladeshí Nur Khan, más conocido como Liton.
El exdirector de la organización de derechos humanos Ain o Salish Kendra (ASK) y ahora asesor de la Sociedad de derechos Humanos de Bangladesh (HRSS) se mostró convencido de que ambos casos harán crecer la presión internacional contra Birmania.
Liton explicó también que los casos podrían apoyar al caso presentado contra Birmania en la Corte Penal Internacional (CPI).
Birmania nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción de la CPI, pero la Fiscalía de este tribunal con sede en La Haya -y que es independiente del CIJ- visitó Bangladesh el pasado marzo para examinar los supuestos abusos.
El CPI todavía debe decidir si los delitos entran bajo su jurisdicción, ya que los jueces han manifestado que los delitos se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya.
Cientos de miles de refugiados rohinyás viven en los campamentos de Cox’s Bazar, en Bangladesh, desde el comienzo de la crisis el 25 de agosto de 2017, tras una ola de persecución y violencia en Birmania que la ONU describió como un intento de «limpieza étnica».
