Denver (CO) – Cuando las familias de migrantes buscan una vivienda de alquiler, la diferencia de leyes que regulan esa actividad en distintos estados, e incluso en distintas ciudades dentro del mismo estado, permite que propietarios inescrupulosos discriminen o estafen a los extranjeros, como les sucedió a tres familias en Colorado.
Contratos ambiguos, indescifrables casi para quienes no dominen el inglés, o el incumplimiento de los mismos ha llevado a algunas familias migrantes a ser víctimas de discriminación, a vivir en condiciones miserables, cuando no a un desalojo.
«Me gustó el lugar porque todo es moderno y con la más nueva tecnología de seguridad y entretenimiento. Y tiene piscina. Yo todavía no leo mucho inglés y dije a todo que sí, pero todo eso que a mí me gustó tenía un costo extra», dijo a Efe un venezolano que se identificó como Carlos Pérez y que llegó hace un año a Denver, capital de Colorado.
Este obrero de la construcción y su familia de seis miembros se fueron a vivir a un apartamento a un precio que consideró razonable hasta que descubrió, con el contrato ya firmado, que debía pagar por numerosos “extras” no mencionados en las negociaciones que elevaron la renta a casi el doble del promedio mensual de 1.700 dólares en esta ciudad (la media nacional es de 1.400 dólares).
Pérez envió a trabajar a sus tres hijos adolescentes “en lo que sea” para cubrir el alquiler del apartamento, pero cuando este mes llegó el momento de la renovación el venezolano entendió en su limitado inglés que los «60 días de aviso» significaban que él podía cancelar el contrato en cualquier momento durante ese período.
«Las opciones que me dieron eran pagar varios cientos de dólares más al mes o mudarme a un apartamento más pequeño en el mismo edificio, pero pagando lo mismo», indicó. Optaron por la segunda opción
Desde Nueva York a California, pasando por Illinois y Colorado, las legislaturas locales han intentado aprobar leyes que protejan los derechos y la privacidad de los migrantes que alquilan viviendas.
En 2018, California aprobó una ley que prohíbe usar la nacionalidad o la situación migratoria de una persona como razón principal para negarle el alquiler de una vivienda. Un año después, Illinois aprobó una ley similar, y este año un proyecto inspirado en esas normas se presentó en la legislatura de Colorado.
Y tanto en California como en Nueva York es ilegal indagar sobre la situación migratoria del potencial inquilino. Por contra, en Oklahoma las leyes estatales explícitamente prohíben alquilar viviendas a indocumentados, sin importar de qué edificio se trate.
En Denver, las leyes locales protegen a los migrantes y refugiados, a quienes les otorga “los mismos derechos que a todo otro residente en la ciudad” cuando se trata de alquilar una vivienda, pero algunos propietarios le dan la vuelta a la norma.
«Todo estaba bien en el apartamento hasta que llegó la policía. Yo no supe qué decir. Al día siguiente, mi familia y yo estábamos en la calle”, comentó Javier Becerra, un joven mexicano que vivía en un departamento en el sureste de la capital de Colorado con su pareja, y dos hermanos.
Lo desalojaron «por celebrar un cumpleaños», pero defiende que «nunca hubo música fuerte» y cree más bien que el propietario aprovechó para alegar incumplimiento del contrato, dado que estaba prohibido tener más de una cierta cantidad de personas en el apartamento a partir de una determinada hora.
El dueño llamó a los uniformados la noche previa y cimentó así el desalojo, sin devolución del depósito. «Ahí es donde está la ganancia del propietario, en quedarse con mi dinero», valoró el mexicano.
«Nos hacen vivir como animales», dijo Kendra, una hondureña que prefirió identificarse con ese nombre debido a su situación irregular.
Lo anterior significa, dijo, convivir con insectos, acostumbrarse a no contar con agua caliente o calefacción, y «nunca saber» si los electrodomésticos funcionarán.
Incluso algunos migrantes legales son discriminados, como le sucedió a un mexicano con residencia permanente cuando él y su esposo (nacido en Estados Unidos) buscaron en 2018 alquilar un departamento en el centro de Denver y, para hacerlo, debían completar la «Solicitud Adicional de Renta para No Ciudadanos».
Ese formulario, provisto por la Asociación Nacional de Apartamentos (NAA, una organización no lucrativa en Arlington, Virginia), indica que la información proporcionada por el interesado «será compartida por agentes del Gobierno en desempeño de sus deberes cuando lo soliciten».
Laura Wolf, la abogada que defendió a la pareja afectada, le presentó recientemente el problema a la senadora estatal Julie Gonzáles (demócrata). La legisladora luego recibió reportes adicionales sobre «propietarios que amenazan a sus inquilinos con llamar a Inmigración para acallarlos y que ya no se quejen de los problemas en los apartamentos».
Gonzáles presentó esta semana un proyecto de ley en la legislatura de Colorado para revertir esa situación. De aprobarse, permitirá que el inquilino discriminado inicie una demanda civil contra el propietario del inmueble, como ya sucede en California, Illinois y Nueva York.
Becerra no esperará a ver si el proyecto de Gonzáles se aprueba. «Me voy a Kansas o a Nuevo México. Ahí no hay tantos problemas», aseveró.
