Houston (TX) – Una iglesia en la pequeña localidad tejana de Donna puede quedar aislada de sus feligreses si es que avanza el polémico muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump, que tiene proyectado pasar por una extensión de tierra que impediría el acceso a este templo construido en 1930.
El Templo La Hermosa, ubicada al sur de un sistema de diques, es una de las edificaciones y viviendas levantadas sobre una extensión de 6 acres, y con más de 80 propietarios afectados por un reciente fallo en una corte federal que otorga a la Administración de la Casa Blanca posesión de este terreno.
Karla Vargas, abogada del Texas Civil Rights Project, dijo a Efe que «desafortunadamente el juez hizo entrega inmediata de las tierras» a pesar de que se le notificó la existencia de la iglesia y la amenaza que el muro supone a su derecho a «ejercer su religión libremente», según defiende la ley de Restauración de Libertad Religiosa.
«Seguiremos litigando para asegurarnos que estas personas tengan acceso a la iglesia y a los eventos especiales que allí realizan», señaló Vargas, cuya organización representa a los propietarios.
Durante la audiencia, el Gobierno se comprometió a habilitar una puerta en el muro para que los feligreses accedan a la iglesia, la que no solo abre sus puertas los domingos y miércoles sino también cuando se celebran bodas, bautizos, funerales y fiestas de quinceañeras.
«No hay garantías de que la puerta esté abierta», cuestionó Vargas.
«Los feligreses tendrían que asegurarse de los horarios en los que tendrían acceso y por ende se necesitaría una cooperación continua de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), y confiar en que ellos harán efectiva una potencial orden de la Corte», agregó.
«Para estas familias existe una gran conexión con la tierra no solo porque es su hogar sino también por lo que representa para ellas, es un gran pedazo de la historia familiar que se ve afectada por esta decisión», enfatizó la abogada.
A pesar de que el Gobierno tiene poder sobre los terrenos bajo el concepto de «dominio eminente», que da al estado la posibilidad de expropiar tierras privadas con la correspondiente indemnización a los propietarios, Texas Civil Right Project pide que el desenlace «sea justo para los terratenientes y que sus derechos legales sean respetados», habida cuenta que los terrenos han pertenecido a sus familias por «generaciones».
«En este caso en particular los terratenientes no estaban enterados de sus derechos, por esta razón le dieron al Gobierno el derecho a realizar los estudios de los terrenos, que representa la primera fase antes de tomar posesión del territorio», dijo a Efe .
«Queremos que nuestros clientes reciban una cantidad razonable por el terreno que se les está quitando», resumió.
