Phoenix (AZ) – Los abogados de inmigración en Arizona trabajan bajo el «terror» de contagiarse con el coronavirus, en vista de que se mantienen algunas audiencias en tribunales así como visitas a centros de detención, a pesar de sus pedidos para que se posterguen las actividades.
El temor, que ha llevado a muchos a improvisar indumentaria de protección personal a base de guantes y máscaras de construcción, es compartido incluso por los jueces y personal de los tribunales, que acuden atemorizados a las reducidas salas donde se desarrollan las audiencias, y en presencia también de policías, traductores y migrantes.
Según dijo a Efe la jueza Ashley Tabaddor, presidenta del Sindicato de Jueces de inmigración, los expedientes de los detenidos siguen abiertos y masomenos todo funciona «como de costumbre, lo cual es muy problemático» porque «está poniendo en riesgo la salud de todos».
Pamela Florian, presidenta de la filial en Arizona de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), dijo a Efe que «es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se enferme».
«Ya hicimos una carta formal pidiendo que cierren las cortes. Estamos preocupados por la salud de los detenidos y nosotros mismos. Esperamos que el gobierno cierre antes de que ocurra una tragedia», agregó.
Los abogados coinciden en que la peor parte la están llevando los migrantes, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad y continuo estrés, ya que están recluidos en pequeñas celdas y no se les proporciona elementos básicos de protección sanitaria, como mascarillas, guantes o gel antibacterial.
«Cuando voy nunca veo a personas desinfectándose, a los inmigrantes no les dan tapabocas, estamos hablando de centros que cuentan con mil personas o más», dijo a Efe Ayensa Millán, abogada de inmigración en Phoenix.
Ella misma está preocupada por sus frecuentes visitas a los centros de detención, y encima lleva días sintiéndose mal y con tos. «No he podido conseguir una prueba (para detectar la COVID-19), en esos lugares no sabes quienes están infectados, te puedes contagiar rápido», expresó.
Dijo que desde que llega al centro de detención de Eloy tiene que pasar varios controles y tener contacto con varias personas, y una vez dentro se pueden ver entre cinco y diez detenidos en un cuarto «del tamaño de un baño» hablando con sus abogados antes de las audiencias.
Precisamente, cerca del centro de detención de Eloy, en el Centro Correccional La Palma, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha confirmado un positivo al COVID-19 entre uno de los detenidos.
Millán detalló que durante las audiencias los participantes están a una distancia «sumamente corta en pequeños espacios, lo que nos pone en un inminente riesgo».
«Las autoridades del Gobierno no quieren presentarse, ya dieron una orden donde los jueces mayores se van a presentar vía telefónica», dijo la abogada.
Hugo Larios, abogado de migración, además de salir con su equipo de protección personal siempre lleva en su carro un galón de cloro para lavarse las manos y, después de ver a sus clientes en los centros de detención, limpiar su automóvil.
«La semana pasada fui a la Palma y mañana iré a Eloy, tengo la fortuna de que mi hermano es dentista en México y me mandó tapabocas y guantes para poder trabajar, si no fuera por él no sé dónde los habría conseguido», indicó a Efe.
Agregó que les han dado la oportunidad de hacer las entrevistas a sus clientes por teléfono, pero que este método les resta privacidad y no ayuda a brindarles el mejor servicio.
El mismo temor a un contagio lo siente el abogado Ray Ibarra, quien al igual que sus colegas ha buscado su propia protección personal, pero reconoce que las audiencias en los centros detención «son lugares horribles para la salud».
«Casi no tiene protección, los guardias entran y salen sin medidas adecuadas. Claro que tengo miedo de ir, es un lugar donde nunca se han preocupado por la salud de las personas, no los tratan como humanos», comentó a Efe.
Ibarra explicó que las entrevistas por teléfono no son fáciles ya que varias veces se cortan las llamadas y además considera necesario el contacto con el cliente para crear un vínculo de confianza.
«Cómo puedo revisar una aplicación cuando están todos escuchando la situación del cliente, además tenemos que poner dinero para las llamadas y solo tenemos un máximo de 250 dólares al mes», ahondó.
«Es necesario que cierren las cortes, paren las deportaciones y dejen libre a los inmigrantes que no tiene delitos y presentan un riesgo mayor», resumió el también abogado de inmigración Daniel Rodríguez.
