Miami – Grupos civiles que demandaron a las autoridades migratorias por «poner en riesgo» del COVID-19 a detenidos en tres centros de Florida urgieron a la corte detener la transferencia de estos inmigrantes a otras dependencias del país y hacer cumplir la orden de una juez que busca protegerlos de la pandemia.
Los abogados denunciaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está «incumpliendo» dos órdenes de la jueza Marcia Cooke que instó a la agencia federal a seguir las pautas sanitarias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
«ICE ha elegido transferir, seguir violando no solo las directrices de los CDC, sino también las órdenes de este tribunal», señalan los abogado en una moción presentada la noche del martes a una corte federal del sur de Florida a la que tuvo acceso Efe.
Detallaron que «los procedimientos son tan laxos o ineficaces que 16 de 33 personas que aprobaron los protocolos de transferencia de ICE dieron positivo poco después de ser transferidos».
Lamentaron que con la transferencia «apresurada» de inmigrantes ICE busca «erróneamente» alejar a estas «personas vulnerables» de la jurisdicción de la corte de Florida, pero no soluciona el problema por el que se presentó la demanda judicial, expresan en la moción.
En ese sentido precisan que al ser transferidos «la lesión viaja con ellos», es decir el riesgo de COVID-19, y «sigue siendo jurisdicción de este tribunal».
La jueza Cooke ordenó el pasado 30 de abril la reducción en un 75 % de los detenidos en los centros de Krome, Broward y Glades, en el sur de Florida, con la opción de liberar a aquellos que sean elegibles, pero ICE ha optado principalmente por transferirlos a otros centros del país.
«En lugar de mejorar la situación, las transferencias apresuradas de ICE fuera de estas instalaciones sirven para someter a las personas transferidas a riesgos adicionales de contraer COVID-19», subrayan los abogados.
Lo demandantes detallan que «el personal de ICE no solo no solicitó máscaras, guantes y distanciamiento social durante las transferencias, sino que realmente bloqueó las cámaras para proteger su incumplimiento de la supervisión».
Reiteran que el silencio de ICE al no refutar las denuncias muestra que «ha violado» las órdenes del tribunal, al que pidieron solicitar documentos y pruebas para establecer el real cumplimiento por parte de la agencia federal migratoria.
La demanda, apoyada entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), representan por ahora a 58 inmigrantes, pero espera ser certificado como una demanda colectiva por la corte.
El proceso legal busca la liberación no solo de los 58 demandantes, sino de unos 1.400 detenidos en los tres centros de Florida, todos en el sureste de Florida, el foco del contagio en el estado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con cerca de 17.000 de los más de 52.000 casos confirmados en el estado.
En su fallo, la jueza urgió a ICE evaluar quiénes de los demandantes deben ser liberados de inmediato «a la luz de COVID-19» teniendo en cuenta su estado de salud, posibilidad de fianza, estado migratorio, historial migratorio e historial criminal previo.
«Es importante tener en cuenta que los peticionarios en el presente caso son meramente detenidos civiles, no presos criminales condenados», recalcó la jueza en su fallo del 30 de abril.
Además ordenó a ICE presentar esta semana un informe sobre las «alternativas» a la detención.
Estados Unidos registra hasta el momento 1.681.418 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 98.933 fallecimientos.
