Panamá – Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en un albergue de migrantes irregulares luego de que un grupo de ellos amenazara este miércoles con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su viaje hacia el norte del continente, lo que no es posible por el cierre de las fronteras por el COVID-19.
La situación se registró en La Peñita, situada en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde se encuentran cerca de 2.000 migrantes de varias nacionalidades varados en un albergue que presenta hacinamiento, según han reconocido las propias autoridades panameñas.
«Este grupo de migrantes solicita que se le permita el libre camino hasta la frontera de Costa Rica. Se le está explicando que tanto las fronteras con Colombia, con Costa Rica y a nivel de la región están cerradas por la situación del COVID-19, pero estos insisten en su solicitud», explicó el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Roger Mujica, en un video colgado en redes sociales.
En un comunicado, el Senafront informó asimismo que un grupo de los migrantes «amenazan con quemar la Estación Peñita poniendo en peligro no solo su vida sino la de los pueblos aledaños».
Estos migrantes «se mantienen tranquilos» aseveró Mujica en el video desde el albergue, y señaló que agentes del Senafront se encuentran «pendientes, monitoreando y dirigiendo toda la maniobra para contener este situación».
«Hemos atendido de manera diligente» las solicitudes de los migrantes, «visitándolos y agotando todas las vías pacíficas necesarias para la solución del conflicto», agregó el organismo de seguridad en su misiva.
Hace pocas semanas un grupo de migrantes intentó abandonar La Peñita para retomar su viaje pero fueron contenidos por los agentes del Senafront, en un incidente que no pasó a mayores de acuerdo con la información oficial.
Este martes en Honduras, otro grupo de unos 300 migrantes irregulares varados en ese país intentó reanudar su travesía pero fueron frenados por las autoridades hondureñas.
Se trata de migrantes de África, Cuba y Haití, entre ellos niños, que se encuentran en Honduras desde marzo, cuando llegaron después de atravesar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, dijo la subinspectora de Policía hondureña, Tania Cruz.
El cierre de las fronteras por la pandemia frenó la llegada de los migrantes irregulares a Panamá procedentes de Suramérica, pero desbordó el programa de atención que aplica el país, conocido como flujo controlado, ya que dejó varados a los más de 2.500 que se encontraban ya en suelo panameño.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) urgió la semana pasada Panamá a garantizar el derecho a la salud sin discriminación a los migrantes en Darién, tras haber pedido al Estado panameño un informe sobre la situación allí y el manejo de la pandemia, ya que se reportó a mediados mayo oficialmente que 43 se había contagiado de coronavirus.
«Lamentablemente sí tenemos un hacinamiento porque hay demasiadas personas» en Darién, unas 1.993 según las autoridades, reconoció el martes la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, que anunció planes para construir en esa provincia un albergue modular o de campaña con capacidad para 500 personas.
Panamá «ha estado haciendo más que cualquier otro país (…) solo Panamá y Costa Rica atienden a los migrantes» irregulares, «les damos alimentación y servicios de salud», defendió la directora de oficina de Migración panameña, que informó que hasta el martes solo había 15 personas afectadas por el COVID-19.
Otros 578 migrantes en tránsito se encuentran en el albergue panameño de Gualaca, situado cerca de la frontera con Costa Rica, de acuerdo con los datos oficiales.
