San José – Organizaciones no gubernamentales exigieron este jueves a Costa Rica que garantice los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses en el marco de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, y que elimine una directriz discriminatoria dictada en la zona fronteriza con Nicaragua.
«Instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación», indica el pronunciamiento firmado por el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Estas organizaciones catalogan como «en general acertadas» las medidas sanitarias aplicadas por Costa Rica y celebran unas declaraciones del canciller Rodolfo Solano contra la xenofobia y la discriminación, pero señalaron una directriz del Área de Salud de Los Chiles, comunidad fronteriza con Nicaragua.
Esa directriz ordena a los funcionarios de salud a llamar a la policía y a Migración antes de atender a una persona indocumentada y a no realizar tamizaje por la COVID-19 a esas personas.
«Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus», expresa el pronunciamiento de las organizaciones.
El documento también manifiesta la preocupación porque «negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense».
Desde inicios de mes el Gobierno ha puesto en alerta naranja a diversas comunidades de la zona norte del país, fronteriza con Nicaragua, y ha catalogado como uno de los grandes riesgos para Costa Rica la falta de medidas preventivas del Gobierno nicaragüense y la transmisión ampliada del virus que existe en ese país.
En la zona norte se están concentrando la mayor cantidad de casos en la última semana, especialmente en empresas agrícolas y de empaque de productos, que en buena parte se nutren de mano de obra nicaragüense, mientras que en las redes sociales es común observar comentarios discriminatorios.
Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno costarricense reforzó la vigilancia en la frontera con Nicaragua, pero ha reconocido que es una tarea difícil pues esa franja se extiende por 300 kilómetros y muchas veces por zonas de difícil acceso.
Según el Ministerio de Salud, Costa Rica brinda atención gratuita a todas las personas con la COVID-19 y ha instalado centros de aislamiento para aquellas que no puedan pasar la cuarentena en una casa con condiciones adecuadas.
El pronunciamiento emitido este jueves por las organizaciones de derechos humanos también señala que «el régimen orteguista sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense».
«Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra (presidente de ese país) como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país», indica el documento.
