Washington – Una caravana por la «justicia» para los beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), cancelado por el presidente Donald Trump para algunos países, llegó hoy a Washington tras recorrer EEUU durante doce semanas con el fin de buscar una solución «permanente» y apoyo político.
El autobús, con 50 pasajeros a bordo, entre los que había activistas, emprendió en agosto desde Los Ángeles (California) un itinerario que le ha llevado por 32 estados y 50 ciudades para reunirse con legisladores y trasladar su petición de transformar el TPS en una residencia permanente.
En su última parada, en la capital, más de un centenar de manifestantes se han unido a los pasajeros en una concentración frente a la Casa Blanca, donde han reivindicado una solución «permanente» para su estatus, y en especial para la situación de familias con hijos que han nacido aquí pero cuyos padres podrían ser expulsados al no contar con la residencia permanente.
«Nuestros hijos no pueden sufrir al tener que irse a un país que no conocen», sostuvo en una intervención pública Elsy Ayala, una madre que ha criado a su familia en EE.UU. y podría verse obligada a emigrar.
El TPS protege de la deportación a más de 436.000 inmigrantes, de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).
El amparo les fue otorgado en casos de guerras o desastres naturales; sin embargo, la Administración de Trump canceló la protección contra la deportación y los permisos de empleo, lo que afecta a personas que en algunos casos llevan dos décadas viviendo en el país.
Varios tribunales se han pronunciado al respecto y han suspendido la terminación del TPS de forma temporal.
«Yo vine a EE.UU. hace 26 años, de niña, acababa de terminar la guerra civil en San Salvador y el país estaba devastado. Mis padres no podían garantizar mis estudios y seguridad allí», recordó en declaraciones a Efe Evelyn Hernandez, quien participó durante 7 semanas en el recorrido de la protesta y llegó hoy a Washington desde Los Ángeles.
Afreen Akther, consejera del gabinete del senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, mostró su apoyo a los manifestantes: «Son personas que llevan años en EE.UU., son nuestros vecinos, trabajadores… y no pueden volver a países que no son seguros».
Algunas familias han participado en la manifestación con pancartas en las que se podía leer «ningún ser humano es ilegal» y «familias trabajadoras por el TPS».
«Necesitamos a nuestros padres, no pueden separarnos», declaró a Efe Scarlett, una adolescente de 14 años nacida en Nueva Jersey, cuyos progenitores emigraron de Honduras por ser víctimas de un desastre natural y que, en caso de eliminarse de forma definitiva el TPS, deberían regresar a su país.
Activistas de la Alianza Nacional por el TPS han calculado en 230.000 los hijos de beneficiarios de este amparo nacidos en EE.UU. y que, por tanto, cuentan con la ciudadanía pero podrían verse separados de sus padres.
La nueva composición del Congreso nacional, con mayoría demócrata, tras las elecciones legislativas del martes, hará previsiblemente más difícil al Gobierno suprimir tanto el TPS como el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), este último aplicado a jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y que son conocidos como «soñadores».
«Estamos esperanzados con el cambio tras las elecciones legislativas. (…) Seguiremos trabajando, esto no ha hecho nada más que empezar», indicó uno de los manifestantes, William Martínez, cuya familia procede también de San Salvador.
Precisamente hoy, dos representantes demócratas de la Cámara de Representantes, James McGovern y Jesús «Chuy» García, abogaron por defender el DACA y el TPS con el nuevo control de su partido en la Cámara Baja.
