Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limitó el viernes las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México mediante una orden presidencial que impide que esta protección sea concedida a quienes acceden al país de forma irregular.»Acabo de firmar la proclamación sobre asilo.
Muy importante. La gente puede venir, pero tienen que venir a través de los puertos de entrada (autorizados)», aseguró Trump al ser preguntado por los periodistas antes de partir rumbo a Francia.
Trump prohibió durante al menos 90 días la entrada a EE.UU. a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación del Gobierno que elimina la opción de obtener asilo a quienes han incumplido una prohibición presidencial.
Bajo la modificación, realizada mediante proclamación presidencial, los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.
La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, que podrán ser ampliados, o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de terceros países que cruzan ilegalmente; un pacto sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado.
La información también fue confirmada por la encarga de negocios de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, a través de sus redes sociales.
“@WhiteHouse: La nueva norma de la Administración Trump sobre inmigración es simple, directa y justa: Para ser elegible para asilo en los Estados Unidos, debe presentarse legalmente en un puerto de entrada. Más información sobre lo que significa esta importante decisión”, escribió Fulton en su cuenta de Twitter.
La nueva regulación no tendrá efecto retroactivo, por lo que solo se aplicará a quienes la incumplan a partir de que entre en vigor al pasar la medianoche de este viernes.
Demandan orden de Trump
Tres organizaciones civiles de EE.UU. presentaron hoy una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México, apenas horas después de que el mandatario anunciase su firma.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Centro por los Derechos Constitucionales se querellaron contra la medida del presidente al considerar que «atenta contra la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como contra la Ley de Procedimiento Administrativo».
En un comunicado, el director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Omar Jadwat, aseguró que la orden ejecutiva «es ilegal», además de «amoral porque intenta quitar protecciones a personas que son perseguidas, lo que constituye lo opuesto de aquello que EE.UU. debería defender».
La demanda fue presentada en la corte federal del distrito norte de California, con sede en San Francisco, en nombre de las organizaciones East Bay Sanctuary Covenant, Al Otro Lado, Innovation Law Lab y el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles.
Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.
Récord de deportaciones
El Gobierno calculó en 234,534 el número de personas que fueron puestas en procesos de deportación tras cruzar la frontera en 2018, de las que 171,511 fueron detenidas cuando lo hacían ilegalmente.
De estas 234,534, 97,192 (un 41 % del total) alegaron que tenían miedo a volver a su país ante una posible persecución o bien pidieron directamente asilo, por lo que fueron entrevistados por un agente estadounidense para determinar si su solicitud de protección era veraz.
Finalmente, se gestionaron 83,862 casos, de los que 74,574 (89 %) fueron considerados como veraces por los agentes, y continuaron el proceso para que un juez resolviera la petición de protección.
El presidente ha asegurado que los inmigrantes que llegaban irregularmente por el límite fronterizo con México pedían asilo para no ser deportados y quedar en libertad mientras se resolvía su situación.
Generalmente, una vez constatado que la petición es legítima, las autoridades liberan a los solicitantes mientras se gestionan sus casos porque no suponen un peligro y por la falta de espacio en los centros de detención, que Trump pretende ampliar.Sin embargo, grupos de activistas han denunciado que muchos de los demandantes de asilo llegados irregularmente a pie han sido privados de libertad de forma indefinida durante meses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Advertencias a caravana
El anuncio del Gobierno de EE.UU. tiene lugar después de tres semanas de advertencias del mandatario a la caravana de centroamericanos que ahora recorre México en su travesía hacia territorio estadounidense.
El mandatario ha enviado además a más de 5.600 militares a la frontera sur, pero desde la celebración de los comicios legislativos el pasado martes ha rebajado su retórica sobre la inmigración, más allá de reiterar que considera la caravana una «invasión».
Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a Trump emitir en 2017 su veto migratorio a países de mayoría musulmana.
Se espera que, como ocurrió con el veto migratorio de 2017, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites impuestos a las solicitudes, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a presentarla cualquier persona que pisa suelo estadounidense.
La orden del viernes se hallaba entre las propuestas realizadas en materia migratoria durante la campaña de Trump en apoyo a candidatos republicanos para las elecciones legislativas.
También sugirió acabar con el derecho a la ciudadanía para todos los inmigrantes nacidos en el país, algo que abordará próximamente: «Lo firmaremos pronto», aseguró hoy ante los periodistas.
Parte fraccionada la caravana
Una fraccionada caravana, que desde el viernes empezó en pequeños grupos a avanzar, este sábado retoma su camino desde la Ciudad de México hacia su principal destino Estados Unidos, donde una frontera resguardada por miles de militares les aguarda así como una nueva ordenanza ejecutiva que limita las opciones de petición de asilo.
Todavía con sueño, Oscar Sánchez, hondureño de 40 años, aseguró a periodistas mexicanos que la estancia por cinco días en el estadio los ayudó a descansar, asearse y poder ponerse en contacto con su familia, debido a que desde que salió de Tegucigalpa “no había podido llamar a mi familia y estaban preocupados, pero lo bueno es que aquí nos ayudaron con llamadas”.
Este catracho, es parte de un grupo de 2 mil migrantes que a primera hora del viernes retomó el viaje hacia el norte de México después de que la ONU se negara a ofrecerles transporte, mientras el resto de los cerca de 5 mil centroamericanos esperarán a este sábado para partir.
La caravana que inició en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, el pasado 13 de octubre, ahora retoma su camino hacia Estados Unidos pero fraccionada en dos grupos, uno de 2 mil que retomó el viernes su camino y uno de 5 mil que este sábado partió rumbo a la frontera sur de EE.UU.
Cambio de planes
Ante la falta de liderazgo interno, la caravana de migrante ha tenido que cambiar en varias ocasiones sus planes así como la ruta a seguir, esto ha detonado una división en la caravana.
En ese orden, en una votación realizada en la noche del jueves, los migrantes que acampaban desde el domingo en un complejo deportivo de la capital mexicana optaron por abandonar Ciudad de México el viernes por la madrugada «a pie o en autobús».
Sin embargo, a primera hora de la mañana la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez, explicó ante un grupo de periodistas que los migrantes modificaron el acuerdo y «se quedan un día más».
De todos modos, más de 2 mil personas, que estuvieron en desacuerdo con esta decisión, decidieron abandonar el estadio y partir de todas formas la madrugada del viernes hacia Querétaro, al norte de Ciudad de México, para proseguir su marcha.
«Se fueron más de 2 mil y que Dios les acompañe. Aquí no se detiene a nadie», explicó ante la prensa una portavoz de la organización Pueblo Sin Fronteras, que brinda acompañamiento a la caravana.
Tres organizaciones civiles de EE.UU. presentaron hoy una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México, apenas horas después de que el mandatario anunciase su firma.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Centro por los Derechos Constitucionales se querellaron contra la medida del presidente al considerar que «atenta contra la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como contra la Ley de Procedimiento Administrativo».
En un comunicado, el director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Omar Jadwat, aseguró que la orden ejecutiva «es ilegal», además de «amoral porque intenta quitar protecciones a personas que son perseguidas, lo que constituye lo opuesto de aquello que EE.UU. debería defender».
La demanda fue presentada en la corte federal del distrito norte de California, con sede en San Francisco, en nombre de las organizaciones East Bay Sanctuary Covenant, Al Otro Lado, Innovation Law Lab y el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles.
Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.
