Washington – Grupos de defensa de los migrantes elogiaron este miércoles el dictamen de un juez federal que declaró ilegal la política del Gobierno del presidente Donald Trump bajo la cual quienes piden asilo en la frontera sur han de esperar en México o América Central el trámite de sus solicitudes.
El juez Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su país natal.
Kelly, en un fallo de 52 páginas divulgado la noche pasada, añadió que el Gobierno, al imponer la regla de «tercer país», no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para dar sus opiniones sobre las modificaciones en las reglas federales.
El juez «reconoció que el Gobierno de Trump, en un intento fallido por eludir las protecciones del asilo, esquivó ilegalmente los pasos ordenados por el Congreso para asegurar la transparencia», señaló Julie Veroff, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Por su parte Keren Zwick, directora del Centro Nacional para Justicia de Inmigración, expresó su satisfacción porque el juez Kelly «haya responsabilizado al Gobierno por no seguir los procedimientos en su intento por eviscerar el sistema de asilo».
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, «se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo».
«El intento por escapar de las amenazas y traumas habitualmente empuja a los migrantes a travesías peligrosas cruzando varias fronteras antes de que encuentren oportunidades de protección», dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
«La decisión del juez Kelly confirma que ningún gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí», añadió. «Lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fé y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas».
El fallo de Kelly «establece que a las personas que buscan asilo no se les puede negar su derecho a pedir protección simplemente porque pasaron por otro país sin pedir asilo allí, primero», dijo KIrish O’Mara Vignarajah, presidenta del Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS, en inglés).
«Una vez más, el Gobierno ha mostrado su incapacidad para atenerse a la ley de procedimientos administrativos, la cual violó cuando hizo el cambio abruptamente sin suficiente noticia o comentarios del público», agregó. «Esta victoria es, tristemente, socavada por la actual política del gobierno de expulsión inmediata en la frontera».
El fallo del juez Kelly puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera ya que el Gobierno de Trump cerró la frontera con México debido a la epidemia del coronavirus.
De todos modos, el dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes, pocos días después que el Tribunal Supremo de Justicia decidiese que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El máximo tribunal del país calificó la decisión de terminar DACA como «arbitraria y caprichosa».
El viernes pasado, en otra decisión que bloquea las políticas de Trump, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, en California, dictaminó que el Gobierno no tiene autoridad para desviar en la construcción de un muro en la frontera los fondos que el Congreso ha asignado para gastos militares.
