Bogotá – Los expresidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, han visto la puerta cerrada desde los tribunales para volver a la política en sus países. Ellos y otros muchos dirigentes latinoamericanos han sido expulsados de la vida pública después de ocupar la cúspide del poder.
Este lunes dos sentencias sacaron del mapa electoral a Correa y a Morales, que en años pasados se alzaron como líderes predominantes de la corriente izquierdista que gobernó en gran parte de la región.
En el caso de Correa, un tribunal de Casación desestimó un recurso interpuesto por el expresidente para que se anulara una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política, por un delito de cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016».
LA SOMBRA DE ODEBRECHT
Dicho caso se refiere a una red de corrupción mediante la cual se hicieron «aportes indebidos» para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País (partido de Correa) a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
En 2015 se reveló la mayor trama de corrupción en Latinoamérica, el caso de los sobornos de Odebrecht, por el que varios líderes políticos de la región tienen abiertas causas judiciales.
En Bolivia, un tribunal rechazó el pedido del expresidente Morales para permitir su candidatura al Senado, que ya había sido inhabilitada por el actual órgano electoral.
En la resolución se determinó inhabilitar a Morales por no cumplir con el requisito de radicar en el país como está señalado en la Constitución. Las elecciones generales en Bolivia están previstas para el 18 de octubre, tras dos aplazamientos por la pandemia.
Además, el exmandatario tiene abiertos en su contra varios procesos penales por supuestos delitos como genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, por los que la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión contra Morales, que está en Argentina.
DIVISIÓN DE PODERES
En otros países del continente, la actuación judicial ha frenado la permanencia de líderes políticos que, durante años, manejaron las riendas del poder.
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en detención domiciliaria desde hace un mes, por un caso de supuesto soborno de testigos y fraude procesal. El exmandatario renunció a su escaño en el Senado, que ocupó desde 2014, para que su proceso lo vea la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia, que fue la que abrió la investigación.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con los desvíos ocurridos en la estatal Petrobras, está en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel, con lo cual no puede aspirar a cargos de elección popular ni públicos.
Dilma Rousseff (2010 -2016, cuando fue destituida) se le halló responsable de irregularidades en la presentación de las cuentas públicas.
En Perú varios expresidentes tienen procesos abiertos. Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en EE.UU. y en proceso de extradición; Alan García (2006-2011), se suicidó en el momento en el que iba a ser detenido por un caso de sobornos; Ollanta Humala (2011-2016), en prisión por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, pero en 2018 fue indultado.
En Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) está imputado por presunto lavado de dinero vinculado al proceso Odebrecht y por el caso «New Business», relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación en 2010 a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, EE.UU. y China. No puede salir del país ni optar a algún cargo público.
ALGUNOS NI LA JUSTICIA LOS ALEJA DE LAS URNAS
En Argentina, las investigaciones no han detenido la vida política de muchos como es el caso de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández, quien enfrenta varios procesados en diversas causas judiciales por corrupción, además, lidera un proyecto de reforma judicial en el Senado, que sus opositores consideran que la beneficiará.
También el expresidente y actual senador argentino Carlos Menem (1989-1999) tiene varias investigaciones por diversos casos como contrabando de armas a Ecuador y Croacia, corrupción y presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que hace poco fue absuelto.
En 2018, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom fue procesado por un caso de peculado y fraude por la compra y subsidio de autobuses para un sistema de transporte implementado durante su mandato y Otto Pérez Molina (2012-2015), que fue desaforado, está en prisión preventiva desde 2015 acusado de diversos delitos.
En Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-2002) fue acusado de blanquear 10 millones de dólares de instituciones estatales y de mantener cuentas secretas en Panamá, fue condenado a 20 años de prisión y seis años después sobreseído.
El ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005), quien fue destituido por el Congreso, se asiló en Brasil, Perú y Colombia, hasta que en 2005 volvió a Ecuador y fue encarcelado por sedición y posteriormente la causa fue sobreseída.
