Ginebra – La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet dijo hoy que las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía, y pidió que esto no se vuelva algo común y que se vigile.
Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador, que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó hoy sus sesiones en Ginebra.
No obstante, en otros países también se está llamando a las fuerzas armadas a intervenir en cuestiones que salen de sus competencias, lo que Bachelet pidió que, si ocurre, se haga de forma «excepcional» y con un control efectivo.
Este informe coincide con el drama que se vive en Latinoamérica por la expansión del coronavirus, del cual se contabilizan más de ocho millones de casos confirmados, de un total de casi 29 millones a nivel mundial.
Según el análisis de la alta comisionada, la pandemia ha expuesto las profundas desigualdades de desarrollo entre países y dentro de ellos en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles puede provocar levantamientos sociales.
En medio de esta crisis social, los activistas y periodistas, particularmente aquellos dedicados a la defensa del medio ambiente y del derecho a la tierra, están sufriendo persecución a niveles rara vez vistos en democracia.
«Pido a los gobiernos que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y periodistas porque esto los pone en más riesgo de sufrir ataques. También aliento que se investigue y procese a los autores», dijo Bachelet.
Para sostener su afirmación, la Oficina de la alta comisionada ha documentado en Colombia el asesinato de 47 activistas en lo que va de 2020, con otros 44 casos en curso de verificación; mientras que en México los periodistas muertos en circunstancias violentas han sido 4 y siete los activistas.
En Honduras el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido y siete mujeres trans han sido asesinadas desde que se impuso el estado de emergencia a mediados de marzo, coincidiendo con la llegada de la pandemia a Latinoamérica.
La violencia rural y los desalojos de comunidades sin tierra en Brasil se suman a los ataques contra activistas y periodistas, con un total de 10 asesinados este año.
«La continúa erosión de los órganos independientes para la consulta (en Brasil) y participación de las comunidades es preocupante», criticó Bachelet.
En su primer día de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos también recibió información actualizada de Bachelet sobre las situaciones en Venezuela y Nicaragua, los países donde se están produciendo las crisis de democracia más graves de la región.
El Gobierno de Nicaragua mantiene su negativa a dialogar con la ONU para intentar rebajar las tensiones y, peor aún, Bachelet dijo que se ha confirmado que la Ley de Amnistía aprobada en 2019 «ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos» contra participantes en manifestaciones antigubernamentales.
Con cierta esperanza, la alta comisionada anunció que se ha renovado por un año el acuerdo de cooperación entre su oficina y el Gobierno de Venezuela.
Este acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas que vigile de cerca y de forma más completa lo que sucede en el país.
