Rabat.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizará el lunes su primera visita a Marruecos, un país que tiene actualmente a España como uno de sus mayores valedores internacionales, papel que antes estaba reservado únicamente a Francia.
Ya sea en materia de control migratorio, en el conflicto enquistado del Sáhara Occidental o en el intercambio de información antiterrorista -es decir, los tres temas capitales de la política exterior marroquí-, España pasa por ser uno de los más firmes aliados del régimen marroquí.
A lo largo de toda la década actual, tanto con los gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, ha habido un goteo de visitas a Marruecos de ministros españoles de todas las carteras, que invariablemente han elogiado la «excelencia» de las relaciones bilaterales y el «modelo de desarrollo» en el que Marruecos se ha convertido, pasando por alto cualquier crítica.
Pero estas innumerables visitas evidencian una realidad, y es que las relaciones entre los dos vecinos del Estrecho de Gibraltar forman una tupida «malla» que convierte las relaciones en un «colchón de intereses» interdependientes que pueden amortiguar cualquier eventual conflicto, tesis cara a la diplomacia española.
El gobierno español ha salido en defensa del marroquí en los últimos años discreta pero repetidamente en la ONU por la cuestión del Sáhara Occidental, aunque la tesis oficial siga siendo la de la neutralidad, y el Frente Polisario, de hecho, no deja de criticar ese alineamiento español.
Más recientemente, el gobierno marroquí, que ha dicho sentirse «desbordado» por la presión migratoria -en palabras de Jalid Zeruali, director general de fronteras, a la agencia Efe-, ha solicitado una y otra vez una mayor implicación financiera y logística de la Unión Europea para hacerle frente.
Pues bien, el gobierno de Madrid no ha tenido reparo en decir que será «la voz de Marruecos en la Unión Europea», como dijo el pasado 2 de octubre en Rabat la secretaria de Estado de Migración, Consuelo Rumí; al poco tiempo, y gracias a la presión española, la UE desbloqueaba un paquete de ayuda migratoria de 140 millones de euros para el país magrebí.
En esa misma visita Rumí dio otros mensajes que revelan que el apoyo español va mucho más allá: preguntada por la creciente presentación de peticiones de asilo político, y sobre todo de rifeños marroquíes, Rumí las despachó sin ambages.
«Eso nos preocupa mucho porque Marruecos no es un país a cuyos habitantes se concede asilo o refugio -dijo-. Sabemos que la mayoría hacen esas solicitudes para demorar sus expulsiones», remachó, negando implícitamente que haya un conflicto político detrás.
El propio ministro Josep Borrell, que había visitado Marruecos poco antes, a fines de junio, justo después de conocerse unas durísimas penas de hasta 20 años de cárcel para los dirigentes del movimiento rifeño Hirak, rechazó cualquier petición de clemencia y dijo simplemente que «es un tema interno que compete al poder judicial marroquí».
Una de las últimas en alabar al vecino del sur fue la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien al término de una visita de dos días en Rabat el pasado 31 de octubre, alabó la independencia judicial en Marruecos, que -dijo- lo pone «a la vanguardia en la región».
Si bien el gobierno marroquí recibe complacido todos estos mensajes de amistad y estos elogios, y así lo reconocen en privado, son mucho más comedidos a la hora de calificar en público a su vecino del norte.
Así, llamó la atención que cuando España invocó un «acuerdo de readmisión» firmado con Marruecos en 1992 y que dormía olvidado en un cajón para reactivarlo y expulsar a fines de agosto a 116 subsaharianos a Marruecos desde la frontera de Ceuta, Marruecos ni siquiera quiso confirmar que tenga en cuenta ese acuerdo.
Preguntado explícitamente al respecto, el ministro portavoz Mustafa Jalfi dijo que esas readmisiones se habían hecho «independientemente del marco jurídico», y rehusó incluso referirse al acuerdo.
Ante este estado de cosas, no es de extrañar que el cierre por parte de Rabat de la oficina de la aduana marroquí en Melilla -decidida unilateralmente y sin aviso previo a las autoridades españolas- haya sido presentada por el gobierno español como un conflicto menor que se puede solucionar con «un equipo técnico conjunto» por el momento inexistente.
Es más, en la reunión mantenida en Rabat por la Directora General de Aduanas, María Pilar Jurado, los marroquíes aprovecharon para reprochar al gobierno español que también ellos practicasen la unilateralidad para anunciar la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla.
Y del mismo modo que las concertinas se quitaron, la oficina de la aduana en la frontera melillense sigue cerrada, sin que la relación bilateral parezca resentirse.
