San Juan.- Una orden judicial detuvo la deportación de otros cuatro venezolanos, una madre y sus tres hijos, parte de la veintena de personas de esa nacionalidad, incluidos 16 menores, detenidas la semana pasada, inicialmente deportadas de Trinidad y Tobago y que permanecieron casi dos días en el mar antes de regresar al país caribeño.
La jueza Avason Quinlan-Williams dictó este domingo una orden que impide al Estado deportar a la familia que regresó entre la veintena de venezolanos a la isla de Trinidad el martes después de que fueron «escoltados», según la terminología de las autoridades del país caribeño, fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago.
La orden judicial determinó además que a la madre se le permitirá utilizar un teléfono celular para comunicarse con sus familiares y abogados.
La familia de cuatro miembros formaba parte del grupo de una veintena de venezolanos que fueron trasladados el pasado viernes de de la estación de policía de Erin tras su frustrada deportación y llevados a la instalación de cuarentena estatal en el helipuerto en Chaguaramas por un período de 14 días.
El miércoles pasado, Quinlan-Williams también ordenó el traslado de un niño de cuatro años, su madre y su hermana de la estación de la Policía al helipuerto, por motivos médicos.
Desde entonces, esa familia ha sido registrada en la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y su deportación se mantiene interrumpida hasta que se determine el caso.
El resto de venezolanos del grupo de una veintena de personas detenidas la semana pasada permanecen en situación de cuarentena a la espera de una decisión judicial sobre su futuro.
Al mediático asunto de los 16 menores que desde hace días centra la atención informativa en Trinidad y Tobago siguió el anuncio el sábado del Ministerio de Seguridad Nacional de la deportación de 160 ciudadanos venezolanos, que entraron hace 60 días ilegalmente en el país.
El Ministerio de Seguridad Nacional anunció el sábado en un comunicado que la deportación de los 160 ciudadanos del país sudamericano se llevó a cabo este sábado «en conjunto con las autoridades venezolanas».
La agencia gubernamental subrayó que la medida se hizo en cumplimiento de la política del Gobierno y respetando las leyes de Trinidad y Tobago «para proteger a sus ciudadanos».
