Panamá – Braulio Abarca llegó a Costa Rica hace dos años con solo una camiseta y un pantalón como equipaje huyendo de la «represión» en Nicaragua. Hoy defiende los derechos humanos de sus compatriotas documentando su tragedia.
«No es fácil», pero el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ ha logrado «ayudar a la gente y levantar sus testimonios (…) casos graves de tortura y violencia sexual», para la memoria histórica y la búsqueda de la verdad, dijo a Efe este abogado nicaragüense solicitante de refugio.
En Costa Rica «hay madres de presos políticos, familiares de personas ejecutadas por la dictadura», afirmó Abarca, que expresó que los desplazados forzados se exponen a situaciones «difíciles» y a la «falta de comprensión» en los países de acogida: «piensa que venimos a robarnos un trabajo o ejercer actividades criminales».
En El Salvador, Omar Jarquín, un panadero de oficio, es ahora el secretario general de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), una ONG con la que se topó cuando buscaba a David Alexander, su hijo de 24 años desaparecido en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
«Ya pasaron más de cinco años (…) no hay indicios de que él pueda estar en algún lado vivo», afirmó Jarquín, que relató a Efe cómo muchos familiares llegan a Cofamide buscando a un ser querido desaparecido, «personas que en un momento dado tuvieron la necesidad de viajar para buscar una oportunidad», en una tragedia «invisible» para el Estado y la sociedad.
Abarca y Jarquín son ahora «agentes de cambio» en Centroamérica, una región que vive desde hace años una crisis migratoria por múltiples factores, los más relevantes la violencia y la pobreza.
OTRA NARRATIVA SOBRE LAS PERSONAS MIGRANTES
El Representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el italiano Alberto Brunori, con sede en Panamá, destacó que la vulnerabilidad a la que están sometidos los migrates ha llevado a que ellos mismo y sus familiares asuman un rol más activo en la defensa de sus derechos.
Según datos de ONG’s y de OACNUDH, los migrantes son objeto de delitos y violaciones de derechos humanos durante el ciclo migratorio: detenciones arbitrarias, deportaciones involuntarias, robos, extorsiones, desapariciones y muerte, violaciones sexuales, trata y tráfico de personas.
«Lo condenable es que muchos de estos hechos quedan en la impunidad, no son reportados a las autoridades por el temor de las víctimas de ser detenidas y deportadas», alertó Brunori en declaraciones Efe con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra este viernes, 18 de diciembre.
La situación «han impulsado a organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas migrantes y sus familiares a denunciar y exigir justicia, así como la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en las rutas migratorias», dijo Brunori.
«Uno de los aspectos importantes a resaltar de las personas migrantes y sujetos de protección internacional en la región es que también se han convertido en agentes de cambio, propiamente, en defensores de los derechos de otras personas migrantes», añadió Brunori.
Esto ayuda a un objetivo que es clave: «cambiar la narrativa sobre las personas migrantes», lo que incluye «sensibilizar el aporte que dan a los países y comunidades de acogida».
«Pienso, por ejemplo, en el aporte de la migración laboral nicaragüense a Costa Rica en diversos rubros de su económica, tanto agrícola como en la construcción y servicios, así como de mujeres migrantes realizando trabajos domésticos y de cuidados. Por otro lado, las remesas de migrantes nicaragüenses contribuyen a la economía de su país y la de sus familias», citó Brunori.
O cómo la llegada de migrantes caribeños y extracontinentales a Panamá y Costa Rica en su viaje hacia Norteamérica a llevado a los Estados a «redoblar esfuerzos para asegurar vías para la integración de las personas en contexto de movilidad y asegurar el acceso a los derechos sin discriminación e igualdad desde su reconocimiento como sujetos de derechos».
MIGRANTES ATRAPADOS EN EL DARIÉN DE PANAMÁ}
En el Darién, la selva que sirve de frontera natural con Colombia, al menos 2.500 migrantes irregulares que viajaban hacia Norteamérica, en especial familias enteras de haitianos pero también cubanos, africanos y asiáticos, quedaron varados a raíz del cierre de fronteras y restricciones de movilidad por la pandemia en estaciones migratorias que colapsaron.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó en mayo pasado al Estado panameño resolver el hacinamiento y garantizar el acceso a servicios sanitarios.
«El Estado ha adoptado algunas medidas», dijo a Efe la subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcela Martino, pero «no parecen ser para nada suficientes para cumplir con sus obligaciones internacionales ni con las medidas provisionales que la Corte otorgó» a los migrantes atrapados en Darién.
En su desesperación por meses varados y sin información clara sobre su futuro inmediato, grupos de migrantes han protagonizado protestas violentas o escapado para llegar a Costa Rica, donde han sido devueltos y hasta dejados en una especie de limbo en la línea fronteriza.
«Si bien los Estados están en la obligación de tomar las medidas para evitar que los brotes del coronavirus se expandan, también están en la obligación de adoptar todas las coordinaciones (para proteger a los migrantes en movimiento) porque estamos hablando de seres humanos», afirmó Martino.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
El cierre de las fronteras por la pandemia ha dejado a las personas migrantes en tránsito atrapadas en puntos fronterizos en El Salvador, Costa Rica y Panamá, así como en otros países de la región, y en algunos casos se han registrado condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios básicos en los centros temporales en fueron ubicadas por las autoridades», dijo Brunori.
«La xenofobia y estigmatización de la población migrantes en tránsito y retornados ha sido uno de los flagelos en el contexto de la pandemia», subrayó.
La covid exacerbó la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes e impactó de forma desproporcionada en esta población, que en muchos casos no ha podido acceder a medidas de protección social y económicas y se ha visto forzada a regresar a sus países de origen, a veces con dificultades por las medidas de seguridad en las fronteras, dijo el alto funcionario de la ONU.
La crisis de la covid ha hecho aún más difícil la vida para migrantes como Olman Sandino, un pintor nicaragüense que llegó a Costa Rica hace dos años y medio huyendo de «la dictadura».
Costa Rica es un país «sumamente caro», comentó a Efe Sandino, que vive en una humilde y deteriorada casa alquilada en la localidad de Pavas, en el oeste de San José, y subsiste con algún dinero que consigue vendiendo sus pinturas.
