Washington – Un día antes de que el presidente Joe Biden presente su presupuesto para el período fiscal 2022, activistas le exhortaron este jueves a que corte los fondos de dos agencias vinculadas con la inmigración.
Los incrementos de asignaciones presupuestarias en años recientes para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han contribuido a evitar los abusos», sostuvo Cynthia García, de United We Dream.
Esa organización con sede en Oklahoma City y otras forman una campaña denominada «Corte de los fondos para el odio», enfocada en las tareas de CBP e ICE, y la situación de los extranjeros que llegan pidiendo asilo.
En su propuesta inicial de presupuesto federal, divulgada en abril, Biden incluyó 52.000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, del cual dependen ICE y CBP, lo cual indicó un leve incremento de asignación desde el último presupuesto en el Gobierno del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021).
García indicó que esa propuesta incluye 1.200 millones de dólares para infraestructura en la frontera, 345 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y 470 millones de dólares para una «oficina de responsabilidad profesional».
La representante Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, expresó la esperanza de que el presupuesto que mañana ofrecerá Biden sea «compasivo y humanitario hacia nuestros inmigrantes».
«El Gobierno anterior aumentó los recursos de agencias dañinas como ICE y CBP, que han causado perjuicios duraderos en nuestras comunidades», agregó la legisladora. «En años recientes (esas agencias) han actuado de forma implacable, sin valorar la humanidad básica de nuestro prójimo».
«La criminalización de la inmigración ha conducido al encarcelamiento en masa», dijo Pressley. «A pesar del cambio de Gobierno, ICE sigue llevando a cabo las deportaciones. Es una agencia que está más allá de la reforma y que no se detiene ante nada para aterrorizar a nuestras comunidades».
Cinco días antes de la investidura presidencial de Biden, que tuvo lugar el 20 de enero, ICE tenía bajo custodia 14.715 migrantes, y esta semana había 22.140 migrantes detenidos en diferentes centros de reclusión en todo el país a la espera de su deportación.
Aun cuatro meses después de la investidura de Biden «nuestras comunidades siguen viendo las deportaciones… 300.000 deportaciones y expulsiones en este periodo», dijo García.
«Biden puede cambiar el rumbo», indicó Pressley. «Puede afirmar la dignidad de todas las personas sea cual sea su estatus migratorio».
García explicó que la campaña busca que se reduzcan las asignaciones presupuestarias a CBP e ICE y «se invierta más en los recursos comunitarios, en programas que den la bienvenida a los inmigrantes y atiendan la vivienda, la educación, la salud».
