Los Ángeles – La muerte de un inmigrante debido a las altas temperaturas que enfrentó trabajando en los campos de Oregón sirvió este jueves para ejemplificar los riesgos que corren los campesinos en su trabajo, y la necesidad de que el Congreso encuentre de una vez por todas una senda a la ciudadanía que ayude a proteger los derechos de estos trabajadores.
“Hemos asistido a muchos funerales. Necesitamos una acción rápida. Ahora”, dijo hoy Teresa Romero, presidenta del sindicato Campesinos Unidos (UFW).
La sindicalista y otros defensores de los trabajadores agrícolas y varios campesinos realizaron una conferencia para urgir al Congreso y al Gobierno del presidente Joe Biden a aprobar la legalización de los campesinos indocumentados con los que, sostuvo, el país está en deuda por el sacrificio hecho en la pandemia del coronavirus y las olas de calor que vive actualmente el país.
MURIÓ ESPERANDO LA LEGALIZACIÓN
El fallecimiento del guatemalteco Sebastián Francisco Pérez, de 38 años, el pasado 26 de junio en el estado de Oregón se convirtió en el símbolo del peligro que estos trabajadores enfrentan, muchos de ellos un blanco fácil por su condición de indocumentados que no pelean por condiciones de trabajo seguras.
Pérez murió en su lugar de trabajo en el Valle de Willamette, al sur de Portland, durante una ola de calor que en junio que elevó las temperaturas por encima de 100 grados Fahrenheit (37,8 Celsius). El trabajador fue encontrado en medio del cultivo inconsciente y agonizante.
La División de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregón estableció que la muerte del guatemalteco estuvo relacionada con las altas temperaturas.
Tras la muerte de Pérez arreciaron los pedidos a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para adoptar medidas de emergencia para proteger a estos trabajadores.
Otros dos campesinos familiares de Pérez murieron en 2019 en Oregón a causa de un accidente mientras viajaban en un vehículo que los llevaba a un cultivo.
“NO NOS OBLIGAN, PERO TAMPOCO NOS ALIENTAN”
Con el calentamiento global los riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas se ha ido incrementando, viéndose obligados a trabajar en condiciones extremas y aire contaminado por los incendios que arrasan amplias zonas, como en años recientes en California y que este año amenazan con empeorar.
Al respecto, Leticia, una indocumentada que lleva trabajando más de 14 años en el estado de Washington recolectando frutas, relató que en semanas recientes el reto de afrontar las altas temperaturas fue muy grande.
Aunque los patrones no los obligaron a quedarse en los campos, la campesina se queja de que tampoco los alentaron a dejar de trabajar y cuidar su salud en medio de la ola de calor.
“Si hubiera sido por los rancheros nos quedamos trabajando”, sostuvo Leticia, que omitió su apellido debido a su estatus migratorio.
Las condiciones siguen siendo las mismas contra las que la UFW ha peleado por décadas: falta de sombra donde los trabajadores se puedan refugiar, falta o poco acceso de agua fresca, y poca educación de cómo afrontar las inclemencias del clima, entre otras.
Leticia. madre de cuatro, contó que ha visto varios atropellos, como el que vive su propio padre, un campesino que sufrió un accidente y no pudo recibir un pago completo de incapacidad, por lo que se vio obligado a volver a los campos a trabajar a los 65 años.
“A menudo tenemos miedo de hacer valer nuestros derechos pero nos pueden recortar horas o sacarnos del trabajo. Todo porque no tenemos papeles”, dijo.
En iguales circunstancias vive Alejandra Mendoza, madre soltera que trabaja en los campos de Texas. La indocumentada aseguró que ha sido testigo de cómo sus compañeros se desmayan por las altas temperaturas.
Mendoza justifica la necesidad de quedarse trabajando al señalar que la paga es muy baja, y no les alcanza para ahorrar y tomarse días de descanso.
CANSADOS DE ESPERAR
UFW y otras organizaciones han impulsado el proyecto de Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (H.R. 1603), que fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo pasado y espera a ser considerado por el Senado.
Bruce Goldstein, presidente de la organización Farmworker Justice, subrayó que en este momento el Congreso tiene varias vías para lograr legalizar a los campesinos indocumentados dándoles una vía a la ciudadanía, y que sin importar cuál sea el mecanismo la necesidad es que se apruebe una ley que permita salir de las sombras a estos trabajadores.
La aprobación de la H.R. 1603 podría favorecer a 1,25 millones de indocumentados, la mitad de todos los campesinos de EE.UU., según datos del Migration Policy Institute (MPI).
También se han escuchado llamados que abogan porque los demócratas incluyan partes de la reforma migratoria, que incluiría a los campesinos, dentro del plan de infraestructuras que promueve Biden y que considerará pronto el Senado, para superar el previsible bloqueo republicano.
A esto se suma el proyecto de la Casa Blanca que incluye a los 11 millones de indocumentados, así como un proyecto de legalización para los trabajadores esenciales, entre ellos los campesinos.
“El Congreso debe actuar ahora”, insistió Goldstein, advirtiendo que esto ayudaría a todo el sector para impulsar los salarios y las reglas de protección.
