Nueva York – La comunidad inmigrante e indocumentada de Nueva York presentó este martes a la legislatura del Estado una propuesta de proyectos que espera sean aprobados en esta sesión y que incluyen nuevos fondos para los trabajadores excluidos, acceso a un seguro médico, fondos para viviendas y el endurecimiento de las leyes para evitar desalojos.
Los inmigrantes, representados por la organización Se Hace Camino Nueva York, pidieron a la gobernadora Kathy Hochul y a los diputados estatales que den prioridad a políticas que apoyen las necesidades de la clase trabajadora, durante una conferencia de prensa virtual para dar a conocer la agenda, titulada «Respeto y Dignidad».
Entre las principales exigencias incluyen que se asignen 3,000 millones de dólares al Fondo de Trabajadores Excluidos, que el año pasado recibió 2,100 millones para inmigrantes afectados por la pandemia de la covid -que ya se agotaron-, quienes por ser indocumentados no cualificaron para recibir ayudas públicas.
También piden a la legislatura que apruebe el proyecto Cobertura para Todos, que otorgaría seguro médico a los residentes de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio.
Para Reyna Téllez, que trabaja limpiando casas, tener esa cobertura le permitiría obtener el tratamiento médico que necesita tras descubrir que tiene una masa en el seno.
«Llevo cinco años trabajando como limpiadora de casas, pero cuando empezó la pandemia se acabó el trabajo. En medio de todo esto, encontré un bulto en mi seno que los médicos dijeron que no podían quitar porque no tengo seguro médico», aseguró y recordó que en el pasado ha pagado hasta 200 dólares por visita médica y 300 por medicinas.
«Necesitamos la Cobertura para Todos para que tengamos acceso a la salud y otros 3 mil millones de dólares en el Fondo de Trabajadores Excluidos», sostuvo.
Otro proyecto prioritario es el que obligará a los dueños de pequeños edificios (menos de seis pisos) a justificar el desalojo de sus inquilinos, lo que consideran urgente dado que la moratoria que evitó el desalojo durante la pandemia de la covid expiró el 15 de enero.
Aproximadamente cinco millones de inquilinos que viven en este tipo de edificios quedaron sin protección por desalojos injustificados.
El proyecto que legalizaría la prostitución en el Estado y que regresa así a la agenda legislativa, también figura entre los reclamos.
