Los Ángeles – Tres mexicanos residentes de Colorado demandaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) por rechazar la solicitud de residencia permanente que cada uno de los inmigrantes hizo, y aseguraron que esa decisión fue “ilegal”, según explicaron este viernes sus abogados.
La querella legal fue presentada por los esposos Norma Cisneros Zavala y Álvaro Pérez González, cuyos hijos y nietos son ciudadanos estadounidenses; y por María Salazar Manzo, casada con un ciudadano estadounidense y madre de dos pequeños nacidos en EE.UU.
La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Colorado se da después que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una agencia del DHS, declaró inadmisibles las solicitudes de los inmigrantes porque no cumplían con el castigo de 10 años establecido por la Ley de Inmigración, que penaliza a los inmigrantes que ingresan ilegalmente o se quedan más tiempo que el permitido por sus visas.
Cada uno de los tres inmigrantes estuvo viviendo más de un año en Estados Unidos de forma indocumentada hace más de una década, y salieron del país.
Cisneros y Pérez salieron en 2008 de EE.UU., mientras que Salazar regresó a México en 1999.
Bajo la Ley de Inmigración, las salidas de los mexicanos activaron la prohibición de 10 años, explicó a Efe el abogado de inmigración Luis Cortés, quien representa a los inmigrantes.
Sin embargo, cada uno de estos inmigrantes solicitó y obtuvo una visa de visitante, lo que les permitió regresar a Estados Unidos antes de que concluyera el periodo de espera de 10 años de castigo, según explica la demanda presentada esta semana.
Los esposos presentaron sus solicitudes para ajustar su estatus en 2019, al igual que Salazar.
USCIS dijo en 2020 que el castigo de 10 años que deberían cumplir los inmigrantes se detuvo cuando regresaron a EE.UU., por lo que no eran elegibles para la residencia permanente.
Esto a pesar de que desde su partida ya han pasado más de 10 años en el caso de los esposos, y más de 20 años en el de Salazar.
«El texto de la Ley … se lee más naturalmente como una barrera categórica a la admisibilidad que se aplica durante 10 años después de que el no ciudadano se fue, pero no después de eso», argumenta la demanda, agregando que ”en cuanto a idas u otros eventos durante ese periodo de 10 años, el estatuto guarda silencio”.
Los abogados de los mexicanos alegan que los 10 años de castigo terminaron para los esposos en 2018, mientras para Salazar el periodo de castigo concluyó en 2009.
Cortés, jurista de Novo Legal Group para los tres mexicanos, subraya que el DHS no puede elegir cuándo quiere seguir la ley.
Por su parte el abogado Aaron Elinoff, que también representa a los tres demandantes, resaltó que tienen conocimiento de que el DHS le ha hecho esto a otros solicitantes de residencia permanente.
La demanda pidió al Tribunal Federal una orden judicial que obligue al DHS a seguir la ley y respetar las protecciones constitucionales del debido proceso, resaltó Elinoff.
Los tres demandantes residen en Colorado actualmente.
