Luxemburgo – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio hoy por concluida la vista oral del caso que enfrenta al proyecto de la Superliga con la UEFA y la FIFA por un supuesto abuso de posición dominante de estos organismos al bloquear la competición alternativa, que aún apoyan Real Madrid y Barcelona, mediante la amenaza de sanciones.
Tras la finalización de las vistas orales, el TJUE anunció la publicación de la opinión no vinculante de su Abogado General para el próximo 15 de diciembre antes de que, ya en 2023, dicte sentencia la corte comunitaria en un fallo que sí deberán seguir los tribunales nacionales en sus decisiones sobre el caso.
La segunda jornada de vistas se dedicó a la continuación de las exposiciones de una decena de países, todos ellos alineados con la FIFA y la UEFA, que junto a sus argumentos jurídicos sobre competencia europea explicaron ejemplos concretos de cómo los equipos de sus países se verían perjudicados con un modelo como el que propone la Superliga.
Desde este proyecto, por el contrario, sus letrados argumentaron en el modelo actual «de forma estructural 20 países están excluidos de acceso a la Liga de Campeones» -en referencia a que sus equipos no llegan a clasificarse- y pidió que «sobre esa base» se evalúe «el nivel de apertura de otras propuestas», como la Superliga.
Varios países asumieron también la definición de «cártel» para el proyecto de la Superliga usada por la UEFA en sus argumentos de la tarde del lunes; la veintena de gobiernos (incluido España) que intervinieron se alinearon con la UEFA, la FIFA, la Liga española y la RFEF en su oposición al proyecto alternativo en el que aún permanecen Real Madrid, Barcelona y Juventus.
La Comisión Europea, por su parte, fue algo más cauta y advirtió de los posibles excesos en las sanciones con las que UEFA y FIFA trataron de desincentivar al proyecto, que hubiera supuesto la exclusión de los participantes de competiciones como la Liga de Campeones y de los jugadores de estos equipos de los grandes torneos de selecciones que organizan UEFA o FIFA.
Aún dejando margen para considerar «legítimos» los objetivos que perseguían estas sanciones, Bruselas ve excesiva la exclusión de los jugadores participantes de sus selecciones nacionales y advirtió además de la posibilidad de que las normas de autorización de la FIFA no estén vinculadas «a criterios claramente definidos, transparentes, no discriminatorios, controlables y aptos para garantizar un acceso efectivo al mercado».
Durante la ronda de preguntas de los magistrados y del Abogado General a las partes, los letrados de FIFA y UEFA incidieron en que su oposición al proyecto no supone una restricción de la competencia, ya que los clubes rebeldes tienen la posibilidad de abandonar las máximas competiciones actuales europeas, como la Liga de Campeones, para organizar su propio torneo.
Los abogados de la Superliga y de su entidad asesora A22 Sports Management, por el contrario, arguyeron que un proyecto de la envergadura del propuesto requiere que los clubes que van a arriesgarse con él «permanezcan en el mercado como operador pacífico», ya que salirse de las competiciones les supondría una merma de ingresos que llevaría a pérdidas y riesgos patrimoniales importantes, «en muchos casos la quiebra».
«Lo que buscan los clubes no es romper un modelo, es hacerlo crecer y mejorar los ingresos para todos (…),ensanchando la base de ingresos», apuntó el abogado de A22, Luis Alonso, que aseguró que el objetivo es el mismo que cuando, en los años 50, diversos clubes europeos se unieron para crear lo que hoy es la Liga de Campeones.
En este sentido, el abogado de la UEFA, Donald Slater, cuestionó el argumento de que los clubes de la Superliga hubieran necesitado esos «dos, tres o cuatro años» dentro del sistema actual para completar el torneo alternartivo y recordó que, al anunciarse el proyecto, se prometió que «estaría listo en septiembre (de 2021), le guste o no a la UEFA».
Los letrados demandantes cuestionaron también el criterio de solidaridad de la UEFA en cuanto a la redistribución de recursos hacia el fútbol base y, al tiempo que aseguraron que la Superliga prevé 400 millones de euros para este objetivo, recalcaron que «lo importante es que se pueda comparar y que un tercero pueda vigilarlo y auditarlo para todos».
Desde la UEFA, el abogado Slater apuntó a que en el acuerdo de accionistas de la Superliga el pago de estos 400 millones queda «sujeto a la liquidez disponible», por lo que, alertó, solo serían solidarios «una vez que da el dinero».
A la espera de la sentencia final, el abogado de la Superliga, Miguel Odriozola, concluyó su intervención recalcando la problemática de que la UEFA sea al mismo tiempo organizador y regulador del fútbol europeo y advirtió de que el sistema de autorización previa que frenó la Superliga «es inherentemente discriminatorio» y de que la UEFA «nunca» permitirá un competir directo de la Liga de Campeones.
Slater (UEFA) cerró por su parte su intervención advirtiendo de que, a su modo de ver, la Superliga «no fracasó por el comportamiento anticompetitivo de nadie», sino «porque los aficionados europeos aprecian enormemente el actual sistema y los valores europeos de mérito y solidaridad que representa».
