Los Ángeles – La angustia de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha aumentado para más de 260.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, a los que se les vence el amparo el próximo 31 de diciembre, y corren el riesgo de ser deportados si la Casa Blanca no aprueba la renovación del beneficio.
«Después de 21 años con el TPS, sería muy injusto que me deportaran a El Salvador y perdiera mi negocio con el que le doy trabajo a varias personas», dijo a EFE Patricia Hernández, de 59 años.
La salvadoreña, que está amparada por el TPS desde 2001, califica su situación migratoria de «muy preocupante» .
Recuerda que en ocasiones anteriores la renovación del amparo se había dado justo dos meses antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, para este 31 de octubre, justo cuando marcan dos meses antes de que se culmine el amparo migratorio, no ha escuchado nada sobre la renovación.
«Es alarmante y frustrante. Parece que estuviéramos en tiempos de (Donald) Trump», valoró la inmigrante, que tiene un negocio de comida en Oregon.
Hernández no es la única preocupada. Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) contó a EFE que en la última semana han recibido una ola de llamadas de amparados por el TPS preguntando sobre lo que va a pasar con el beneficio.
«No tenemos una respuesta concreta para darles. Es una incertidumbre total», agregó sobre la situación de más de 260.000 inmigrantes que cuentan con el TPS hasta el 31 de diciembre. De esa cifra 190.000 son salvadoreños.
La zozobra de este grupo de «tepesianos», como se le conoce a los amparados por este beneficio, se incrementó la semana pasada cuando se anunció que las conversaciones de conciliación entre la Administración del presidente Joe Biden y los abogados, que representan a un grupo de amparados por el TPS en una demanda presentada en 2018, colapsaron oficialmente.
La querella legal fue presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses después de que el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) revocara la protección para los inmigrantes beneficiados de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras.
Una corte federal en California falló a favor de los inmigrantes tras dictaminar que el expresidente Trump puso fin al TPS de esos seis países de manera ilegal y tuvo motivaciones racistas.
Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones revocó la orden del tribunal inferior y colocó en riesgo nuevamente a los amparados por el TPS de esos seis países.
Hasta el momento el Gobierno Biden solo ha extendido la protección nuevamente para los migrantes de Haití y Sudán, dejando a los inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal con un amparo que vence el 31 de diciembre.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y que representa a los inmigrantes en la demanda, dijo en un comunicado que está «profundamente decepcionado» de que la Administración Biden haya optado por defender las decisiones de la era Trump.
Al respecto Tejada opina que la Casa Blanca ha mostrado «poco interés» en lo que pasa en Centroamérica. También atribuye el silencio a una cuestión política. «No esperamos ninguna respuesta antes de las elecciones», anticipa.
Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, espera que el Gobierno Biden entienda lo que causaría para la región centroamericana la deportación de más de 200.000 inmigrantes y sus familias. «Sería una crisis desbordada», dijo a EFE.
En ese sentido, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que representa a los demandantes, dijo que «es cruel e injusto» que cientos de miles de inmigrantes estén en riesgo de ser «arrancados» de sus comunidades.
Ante la posibilidad de tener que abandonar el país, Hernández dice que luchará «hasta el último momento» para quedarse en Estados Unidos.
En estos momentos de incertidumbre se alegra de vivir en Oregon, un estado que se define como amigable con los inmigrantes.
La misma suerte no contaría su prima Jamila Chevez, que también está protegida por el TPS y vive en Georgia. «El 31 de diciembre se le expira su licencia de conducir, y en ese estado no le dan licencia a los indocumentados», advierte.
MacLean hizo un llamado al presidente Biden a actuar de inmediato para «deshacer» las políticas de Trump con respecto al TPS y garantizar la protección de los beneficiados.
Por su parte, Tejada y miembros de su organización se reunirán en Washington a mediados de noviembre con integrantes de la Alianza América para presionar a la Casa Blanca a extender la protección.
