Washington – Migrantes indocumentadas recluidas en un centro de detención en Georgia fueron sometidas a «inquietantes» procedimientos médicos, entre ellos ginecológicos, que fueron excesivos o innecesarios, incluyendo esterilizaciones, denunció este martes el Senado estadounidense.
El Subcomité Permanente de Investigaciones de esa Cámara presentó este martes en una audiencia las conclusiones de su pesquisa de 18 meses sobre las condiciones en el centro de Ocilla, en el condado de Irwin.
«Las conclusiones son profundamente inquietantes», dijo durante la audiencia el senador demócrata Jon Ossof, quien enfatizó que la investigación fue bipartidista.
Encabezada por Ossof, presidente del Subcomité Permanente, y el republicano Ron Johnson, la pesquisa siguió las denuncias hechas en septiembre de 2020 por la enfermera Dawn Wooten, quien trabajó en ese centro operado desde 2011 por la firma privada LaSalle Corrections.
«Las detenidas fueron sometidas a exámenes y procedimientos excesivos, invasivos y a menudo innecesarios. Esto ha sido una falta catastrófica de respeto a los derechos humanos básicos por parte del Gobierno federal», sostuvo el senador.
Señaló que entrevistaron a 79 mujeres detenidas en ese centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
NO SOMOS ANIMALES
«No somos animales, somos humanos», dijo durante la audiencia la mexicana Karina Cisneros Preciado, quien estuvo siete meses detenida en el centro tras el nacimiento de su hija.
«Pasé por un infierno. Pedí asistencia médica porque no había tenido mi examen postparto, y la obtuve después de varias solicitudes», declaró.
De acuerdo con la mexicana, una enfermera le hizo firmar un papel que no tuvo oportunidad de leer, y luego le aplicaron una inyección sin darle explicaciones. «
Era un anticonceptivo. Yo escuché las historias de otras mujeres que habían recibido inyecciones o cirugía», abundó.
«Esto no debería ocurrirle a nadie», concluyó sollozando.
Los investigadores, que revisaron decenas de miles de páginas de registros médicos y otros documentos, determinaron que las migrantes fueron sometidas a ultrasonidos transvaginales, inyecciones de anticonceptivos y procedimientos de dilatación y curetaje (legrado) innecesarios.
El informe da cuenta de repetidas omisiones por parte de los funcionarios del centro de detención en la obtención del consentimiento de las detenidas, y fallas del ICE en sus tareas de vigilar a los proveedores de servicios médicos y garantizar los derechos humanos básicos de las detenidas.
Otros problemas detectados en la pesquisa se relacionan con políticas laxas para la mitigación del riesgo de contagio de la covid-19 e irresponsabilidad médica, entre otros.
El informe de 108 páginas no corroboró los alegatos de histerectomías al por mayor, pero sí apunta a «cuestiones graves» en la conducta de Mahendra Amin, un médico a quien las detenidas acusaron de realizar procedimientos inapropiados.
El documento señala que Amin efectuó el 6,5 % de todas las consultas ginecológicas entre las detenidas del ICE en todo el país en un periodo de tres años, pero administró el 90 % de todas las inyecciones de anticonceptivos y más del 82 % de los procedimientos de dilatación y curetaje.
Los investigadores apuntaron asimismo que Amin no estaba certificado por la junta médica y que en 2013 funcionarios en Georgia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo habían demandado alegando que había cometido fraude con el programa público de cobertura médica Medicaid, «ordenando procedimientos médicos innecesarios y excesivos».
Ese caso se resolvió en 2015 por conciliación bajo la cual Amin y otras personas acusadas con él pagaron 520.000 dólares pero no admitieron conducta inapropiada.
En respuesta al escándalo derivado de las revelaciones de Wooten, el Gobierno del presidente Joe Biden ordenó en mayo de 2021 al ICE poner fin a la reclusión de migrantes en el centro de detención de Irwin.
