Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El fenómeno del desplazamiento forzado interno constituye uno de los problemas que en materia de seguridad ciudadana enfrenta el gobierno del bicentenario ante el avance silencioso del fenómeno, que se suma a las multicrisis heredadas y emergentes en el país. La mayoría de los departamentos de Honduras están experimentado esta práctica que desintegra familias, fomenta migraciones, y lleva a un exilio forzado interno a pobladores, que huyen, en su mayoría por las amenazas del crimen organizado, el narco y las pandillas, revela un informe de Naciones Unidas.
El desplazamiento forzado interno producto de la violencia y la inseguridad ha sido hasta ahora un problema invisibilizado, atrapado por los otros factores que causan inseguridad como la muerte violenta de personas, la extorsión, los crímenes contra mujeres, la violencia intrafamiliar, las migraciones, entre otros.
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De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre julio de 2016 y diciembre de 2021, cerca de 12,067 personas fueron desplazadas o estuvieron en riesgo de desplazamiento en Honduras. Solo en el 2021, ese organismo estatal registra un total de 917 casos que impacta en 2,529 personas afectadas directamente. En la radiografía del país 12 de los 18 departamentos presentan problemas de desplazamiento forzado interno.
En el año 2021, el Conadeh registró un total de 9,784 quejas a nivel nacional. De estos, 917 casos fueron de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento, por causas asociadas a la violencia generalizada y/o violaciones a derechos humanos, afectando a 2,529 personas.
Las zonas de mayor desplazamiento
Los departamentos en rojo con mayor número de casos desplazamiento forzado, son Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Choluteca; le siguen en amarillo Gracias a Dios, Colón, Yoro, Comayagua, La Paz y Valle.
En estas regiones el desplazamiento forzado de familias se produce a lo interno del mismo departamento o hacia otros departamentos; las personas que salen de sus departamentos señalan que buscan zonas que no las distancien de su arraigo porque piensan retornar “algún día”; en tanto las que se movilizan a lo interno de su departamento, argumentan que lo hacen por no perder el contacto con sus familias.
El abandono de la comunidad, de su vivienda y del entorno en que se han desenvuelto, está relacionado con las amenazas, agresiones, intimidaciones, atentados o asesinatos que se han dado proveniente de sectores desconocidos, las maras y pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros actores identificados por los denunciantes, según el informe del Conadeh elaborado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Honduras se ubica entre los 25 países que presentan mayor riesgo de desplazamiento forzado a nivel mundial, según organismos especializados en la materia. De acuerdo a los registros del Conadeh, el año de 2019, fue el que registró mayor pico de desplazamiento con 1,314 casos, en el 2020 se registra una baja (544 casos) que se presume obedeció a causa de la pandemia y las medidas de restricción que tuvo el país, que impidió que la gente hiciera un uso más efectivo de la denuncia. Pero ya en el 2021, se empieza a ver un pico creciente en cuanto al problema del desplazamiento forzado.
En las últimas semanas, Tegucigalpa, la capital hondureña, se vio sacudida por el desplazamiento forzado iniciado por varias familias de una populosa colonia de la ciudad, a causa de amenazas de las maras y pandillas, que les dieron plazo para desalojar sus viviendas porque serían ocupadas por líderes de esa estructura pandilleril. Las familias sacaron sus pertenencias, llenas de impotencia, y bajo la custodia de la autoridad policial, que impotente no pudo evitar el éxodo.
La policía junto a las fuerzas militares anunció la intervención de un sector de esa colonia para dar y garantizar seguridad a los pobladores, y en sus operativos decomisaron armas, chalecos y drones que usaban los grupos pandilleros en la zona como mecanismo de seguridad hacia su estructura.
Actores del desplazamiento
Ese despojo del que fueron objeto las familias de esa colonia capitalina, ubicada en la periferia urbana de la ciudad, se vive también en el interior del país, y en su informe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos cita el caso de viviendas abandonadas en las comunidades de El Portillo y Sabana Bonita, en el departamento de Olancho.
“Se identificaron 18 casos relacionados al despojo, usurpación o destrucción de viviendas, tierras y propiedades, concentrados en los departamentos de Cortés, Comayagua, Atlántida y Olancho”, señala el informe al indicar que en el caso de Olancho sus procuradores pudieron constatar y documentar el caso de las viviendas abandonadas a causa del desplazamiento forzado interno.
Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés continúan presentando un alto número de quejas interpuestas, lo que evidencia el gran impacto de la violencia en esas zonas. Los municipios de Distrito Central y San Pedro Sula siguen siendo los más afectados, y que, a su vez, son los que tienen la mayor densidad poblacional y actividad económica, en cuyos territorios se generan situaciones de violencia como amenazas, secuestros y extorsión, entre otros, que causan el desplazamiento forzado de la población, añade el documento.
Las personas desconocidas, las maras y pandillas, el crimen organizado, los operadores de justicia y el narcotráfico son algunos de los factores que generan el desplazamiento forzado de personas, muchas de ellas, atemorizadas tras la muerte de parientes cercanos, sumado al delito de la extorsión, aseguran en sus relatos hechos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Otros factores que orillan a las familias a desplazarse forzosamente es el reclutamiento de menores a manos de las maras y pandillas, la violencia doméstica, el abuso sexual de mujeres y menores, el secuestro y el rapto. Las personas dicen que en algunos casos no hacen las denuncias por temor a las represalias, hechos que son más comunes en las regiones de tierra adentro del país.
Muchas de las zonas de donde huyen estas familias son parte del corredor de la inseguridad y la violencia que por más de una década ha prevalecido en el país; el fenómeno afecta por igual a hombres y mujeres, según las denuncias y las edades en que oscilan las personas afectadas son entre 31 y 59 años.
Las restricciones a la movilidad/libertad, extorsión, reclutamiento forzado, violencia de género, despojo/ usurpación de viviendas, violencia política, son los patrones más comunes por los cuales las familias inician un desplazamiento forzado interno.
Un dato que revela el tema del desplazamiento forzado es que en 13 departamentos se registraron niñas, niños y adolescentes desplazados o en riesgo de desplazamiento, concentrándose mayoritariamente en cuatro departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, Cortés y Atlántida. Los departamentos de Intibucá, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Islas de la Bahía no presentaron en el año 2021 desplazamiento forzado de menores.
El mapa del desplazamiento forzado interno ha sido colocado en la agenda pública, el avance del fenómeno obliga a las autoridades a reenfocar sus estrategias de seguridad ciudadana bajo enfoques integrales, más allá de la apuesta a la policía comunitaria que es por ahora uno de los pilares a los cuales apuesta el actual gobierno.
