San José.- El Congreso de Costa Rica aprobó hoy sesionar de manera extraordinaria el viernes con el fin de agilizar la discusión y eventualmente darle primera votación a la polémica reforma tributaria contra la cual los sindicatos mantienen una huelga desde hace 25 días.
El Plenario aprobó hoy con 46 votos a favor y 6 en contra una moción para realizar dos sesiones el viernes que se extenderán hasta la noche para discutir a fondo el proyecto, lo que también abre la posibilidad de que sea votado en el primero de dos debates necesarios para su aprobación.
El Congreso de Costa Rica no sesiona ordinariamente los viernes porque ese día está contemplado para que los legisladores visiten comunidades.
Si es aprobada en el primer debate, los diputados pueden enviar la reforma a consulta de la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá la segunda y última votación.
Los legisladores votan hoy las últimas mociones al proyecto y estaba previsto que a partir del lunes iba a comenzar la discusión, pero con la moción aprobada hoy el trámite se adelanta para mañana.
El diputado del izquierdista partido Frente Amplio, José María Villalta, se quejó en el Plenario de la decisión de agilizar la discusión y consideró que es una forma «atropellada» de tramitar el proyecto.
«Esto genera más indignación en la ciudadanía y más desconfianza», expresó Villalta.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que considera el proyecto fiscal como una prioridad, ha urgido durante las últimas semanas a los diputados a avanzar el trámite para que la iniciativa de ley esté aprobado en su primer debate en octubre.
Los sindicatos cumplen hoy 25 días de huelga en rechazo a la reforma porque consideran que afectará a los pobres y clases medias y libra a las grandes empresas, ante lo que exigen que se redacte un nuevo texto basado en sus propuestas.
El Gobierno insiste en que la reforma tributaria debe ser aprobada, que es «progresiva» y necesaria para generar confianza en los mercados crediticios y evitar una crisis económica.
La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
