Tegucigalpa – Los conflictos sociales a causa del estado de derecho, economía y política aumentaron un 84 % durante el 2022, revela el informe “Conflictividad Honduras 2022: De la transición a la acción”, presentado hoy en Tegucigalpa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
– Los conflictos relacionados al Estado de Derecho incrementaron 138 % en 2022 en comparación con 2021
– Los conflictos políticos aumentaron en 1,182 %, revela el informe presentado en la capital hondureña.
El informe detalla que durante el año anterior se registraron un total de 650 conflictos sociales en el territorio hondureño, un 84 % más respecto a 2021.
El documento detalla los resultados del registro y análisis de conflictos en un año marcado por la transición política, con efectos en las instituciones públicas, la entrega de servicios públicos y relaciones gobierno-sociedad.
Por segundo año consecutivo, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional presentó los resultados del monitoreo de conflictividad en el país. En 2021, en el informe “Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras 2021: Causas, detonantes y oportunidades de mitigación” analizó el contexto de volatilidad por la polarización y violencia política. Este esfuerzo contribuyó a promover una campaña de prevención de violencia con actores de sociedad civil, sector privado, academia y cooperación internacional.
En 2021, Honduras se situó en uno de los momentos de mayor fragilidad en la última década, como uno de los 60 países más frágiles del mundo, por lo que es considerado como un país de «alerta elevada» según el Índice de Estado Frágil, subraya el informe
En 2022, el informe de ASJ remarca los conflictos estructurales del país como la inseguridad ciudadana, la problemática de las tierras y el frágil Estado de Derecho.
Con 297 conflictos más que en 2021, el año pasado se reportaron 274 conflictos relacionados al Estado de Derecho (41 %), 144 económicos (22 %), 135 políticos (22 %), 92 de índole institucional (14 %) y 5 electorales (1 %).
Los conflictos relacionados al Estado de Derecho incrementaron 138 % en 2022 en comparación con 2021, lo que refleja debilidades en el control territorial, protección de la vida, aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, los conflictos políticos aumentaron en 1,182 %, mientras los conflictos por tierras, que históricamente han sido más visibles en la zona del Bajo Aguán, departamento de Colón, en 2022 se extendieron a cinco departamentos más, entre ellos: Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira.
En cuanto a la frecuencia, la ASJ contabilizó un promedio de 54 conflictos mensuales. Octubre y noviembre fueron los meses con mayor registro de conflictos.
