México – El Gobierno mexicano debe aceptar la competencia del comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió este domingo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de este país.
Mediante un comunicado, el organismo insistió en que se debe establecer una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.
México «enfrenta un problema estructural en la atención del tema de desaparición de personas, derivado de factores como la falta de profesionalización de las autoridades que deben atenderlo, a lo que se suma la impunidad, violencia, inseguridad y corrupción de algunos servidores públicos», apuntó el organismo.
Señaló que la desaparición de personas «subsiste como consecuencia de la falta de procuración de justicia pronta y expedita», la cual lejos de producir investigaciones eficaces y profesionales para la localización de las víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables «en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos».
Además, dicha problemática se incrementa con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en distintas zonas del territorio mexicano.
El organismo llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, impulsar aún más las acciones en beneficios de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares.
También pidió atender las propuestas que sobre este tema ha formulado, especialmente las contenidas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México dado a conocer por la CNDH en abril de 2017.
Subrayó «la importancia de reconocer el problema e implementar, conforme a estándares internacionales», el adecuado registro de los casos que sobre personas desaparecidas, sean denunciados ante las autoridades correspondientes.
El informe señaló que necesariamente se «debe distinguir los que propiamente impliquen desaparición forzada de los atribuidos a particulares o a miembros de la delincuencia organizada, así como de las personas cuyo paradero se desconoce».
El organismo exhortó al Gobierno mexicano a cumplir con las recomendaciones formuladas a nivel internacional en esa materia y asignar los recursos suficientes para la debida implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), México cuenta con un registro de 40.180 personas desaparecidas.
Bajo el mandato del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático fue la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.