Tegucigalpa – El Estado de Honduras pidió este jueves perdón y reconoció su responsabilidad internacional en las diversas violaciones a los derechos humanos de 42 indígenas miskitos que se dedicaban a la pesca de buceo sin la protección necesaria, y sus familias.
«Este día el Estado hondureño se encuentra lamentando profundamente y condenando el incumplimiento de obligaciones a supervisar las condiciones de trabajo de los buzos pescadores del pueblo indígena miskito que se dedican a la pesca por buceo», dijo el subprocurador general de Honduras, Tomás Emilio Andrade.
En el acto que se llevó a cabo en la Mosquitia, una región situada al este, frente al Caribe, limítrofe con Nicaragua, donde se reconoció a los 42 buzos demandantes, de ellos 32 ya muertos, Andrade señaló que los buzos miskitos han «sufrido de explotación laboral» durante décadas.
Esa explotación ha generado que «muchas vidas se hayan perdido» y que otros pescadores hayan sufrido lesiones en sus cuerpos debido al «exceso de trabajo físico bajo el agua y la descompensación de estos», enfatizó el subprocurador hondureño.
FALTA DE RESPUESTAS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en octubre de 2021 a Honduras por diversas violaciones a los derechos humanos de 42 indígenas miskitos que se dedicaban a la pesca de buceo y sus familias, y ordenó una serie de reparaciones económicas, que hasta ahora se han cumplido parcialmente.
El funcionario, además, enfatizó que la falta de respuesta de las autoridades responsables de impartir justicia en el país llevó a los 42 buzos y sus familiares a solicitar a la CorteIDH en 2003 que responsabilizará al Estado de Honduras por sus «condiciones de trabajo», y ofreció, en nombre del Estado hondureño, una «disculpa pública».
Unos 34 buzos quedaron lesionados a causa de un síndrome de descompresión que sufrieron por sumergirse en las profundidades del mar sin la protección necesaria, de ellos doce ya fallecieron, agregó.
Además, otros 7 buzos miskitos fallecieron a causa del incendio de la embarcación de nombre “Lancaster”, provocada por la explosión de un tanque de butano, y el niño Licar Méndez Gutiérrez fue abandonado en un cayuco (pequeño bote) por el dueño de la embarcación, y a la fecha se desconoce su paradero, detalló Andrade.
El subprocurador lamentó que los buzos miskitos han sufrido durante años por «la falta de presencia de servicios y atención médica generalizada» que garantice que la pesca artesanal sea actividad segura.
Destacó el compromiso del Estado hondureño para «reducir las brechas de desigualdad» en la Mosquitia, una región pobre a la que solo se puede llegar por avión o navegando por mar y ríos que la cruzan.
JUSTICIA Y REPARACIÓN
La CorteIDH aceptó en marzo de 2021 el reconocimiento de responsabilidad del Estado y avaló un acuerdo de solución amistosa entre las partes.
Además, ordenó una serie de reparaciones económicas para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, y otras acciones que debe ejecutar el Estado como dar becas educativas, viviendas, proyectos económicos y la realización de un documental acerca de los buzos miskitos.
El Estado hondureño se comprometió a instalar al menos tres cámaras hiperbáricas en la Mosquitia para atender a los buzos que debido a la falta de protección al momento de sumergirse en el mar sufren una descompresión y deben recibir tratamiento.
«Este acto es un paso importante hacia el camino en la justicia y reparación para las víctimas y familias», dijo Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Agregó que la disposición de las autoridades para «llegar a consenso con las víctimas demuestra el compromiso para reparar los grandes daños y sufrimientos causados», pero es «fundamental que dicha voluntad se mantenga para implementar las medidas de reparación».
La mayoría de los más de 100.000 habitantes del departamento de Gracias a Dios trabajan en la pesca artesanal y por buceo para empresas privadas que pagan 95 lempiras (3,85 dólares) por la libra (464 gramos) de langosta y caracol, según sus denuncias.
