Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre advirtió este domingo de la gravedad que representa para niñas, niños y mujeres, la trata de personas, flagelo que se constituye en un desafío para el Estado hondureño por ser una grave amenaza a la convivencia armónica de la sociedad y porque ataca la libertad y la dignidad de los seres humanos.
– Entre el 2019 y el 2021, las autoridades hondureñas habrían investigado alrededor de 320 casos de trata de personas en su mayoría vinculados con fines de explotación sexual y el trabajo forzado. Se estima que, al menos, 107 casos registrados durante ese periodo, los supuestos responsables fueron llevados ante los tribunales hondureños de los cuales 66 fueron objeto de condena.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la titular del Conadeh recordó que este flagelo, se constituye en una flagrante violación a la libertad individual que socava los derechos humanos con efectos, insuperables para las víctimas en su entorno familiar y social.
Los desplazamientos forzados, las desigualdades económicas que se traducen en altos niveles de pobreza y miseria aumentan los riesgos de trata y exponen a las personas a ser víctimas de los traficantes, señaló.
Advirtió que las personas con un limitado acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la falta de un trabajo digno, la discriminación, la violencia y los o abusos son, con frecuencia, los principales objetivos de los traficantes.
Exhortó a las autoridades hondureñas y la sociedad en general, aunar esfuerzos para fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas y poner fin a la impunidad.
La trata de personas es un fenómeno muy complejo que impone enormes retos para su abordaje por lo cual se requiere de la coordinación entre todos los sectores y la suma de esfuerzos para la prevención, así como la protección y la asistencia de las víctimas, sostuvo.
Indicó que la trata de personas es de las violaciones más serias a los derechos humanos porque afecta la dignidad, el buen nombre y la honra de las víctimas.
Pese al subregistro que existe sobre este flagelo, la trata y el tráfico de personas es uno de los delitos que afectan a Honduras.
Los datos recabados, hasta ahora, indican que los tratantes se centran particularmente en hondureños de la diversidad sexual, migrantes, desplazados internos, personas con discapacidad, menores que hacen trabajo infantil, menores cuyos padres emigraron y personas que viven en zonas controladas por grupos de delincuencia organizada.
Se estima que, en los primeros cinco meses del 2023, las autoridades hondureñas rescataron 16 víctimas de trata, de las cuales el 38% eran niñas, niños y adolescentes entre los 10 y los 15 años, el 32% mujeres, los restantes, hombres y miembros de la población LGTBIQ+.
A lo anterior se suma que, entre el 2019 y el 2021, las autoridades hondureñas habrían investigado alrededor de 320 casos de trata de personas en su mayoría vinculados con fines de explotación sexual y el trabajo forzado.
Se estima que, al menos, 107 casos registrados durante ese periodo, los supuestos responsables fueron llevados ante los tribunales hondureños de los cuales 66 fueron objeto de condena.
El peligro de las redes sociales
La Defensora del Pueblo solicitó reconocer la necesidad de una acción solidaria, que haga frente a nuevas acciones criminales como las que ocurren a través del internet, medio por el cual se captan muchas niñas y mujeres que sufren este flagelo.
Los tratantes se aprovechan de la necesidad y la situación de desempleo que tiene el país y utilizan las redes sociales para ofrecer “buenos” trabajos a los jóvenes con salarios “atractivos”, lo que provoca que muchas personas caigan en manos de estas redes de trata de personas.
Indicó que hay muchos casos de mujeres, niñas y niños desaparecidos en el país que no se encuentran o que no se sabe dónde están y, posiblemente, estas personas están siendo víctimas de trata, sin que sus familiares se den cuenta.
La persona víctima de trata queda totalmente incomunicada, le cambian hasta el nombre y eso se constituye en una grave vulneración a los derechos humanos contra la libertad personal, contra su integridad y la dignidad propia de la persona, porque se anula su capacidad de valerse por ella misma de acceder a la justicia y a otros medios, concluyó.
