Tegucigalpa – De entre 400 y 500 millones de lempiras sería el impacto que tendría la iniciativa de otorgar la permanencia a los empleados públicos que tengan más de un año de estar bajo la modalidad de contrato, apuntó este lunes la ministra de Finanzas, Rocío Tábora.
La funcionaria apuntó que de los 194 mil 500 empleados que tiene el gobierno tanto en la administración central y descentralizada, son 38 mil los que no están en carácter de permanente, es decir que laboran bajo la modalidad de contrato, es decir que arriba del 80 por ciento son trabajadores permanentes.
“Tenemos que ser muy responsables porque hay muchas necesidades en el país y esto puede tener un impacto bastante grande; para que nos hagamos una idea, la recaudación anual por todas las fuentes de todos los ingresos, asciende a 108 mil millones de lempiras y ya de hecho para este año 48 mil millones son los que estamos pagando por concepto de contratos”, apuntó Tábora.
Acotó que se está erogando un 40 por ciento para pagar planillas, entonces hay que ser cuidadosos porque la iniciativa puede tener un impacto de entre 400 y 500 millones de lempiras adicionales porque ya un empleado permanente hay que pagarles colaterales, prestaciones y otro tipo de cotizaciones que actualmente no tienen.
“No tenemos esos recursos en este momento, además tenemos una Ley de Responsabilidad Fiscal que cumplir, que nos pone una meta en gasto de la masa salarial, pero además aquí el tema es que también tenemos que hacer una revisión”, señaló.
Añadió que por ejemplo en la Secretaría de Educación, hay una gran cantidad de personal administrativo y mal se haría en darles un contrato permanente en esa línea, en lugar de contratar más personal docente y por eso hay que hacer una revisión pues lo mismo sucede en instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero se necesitan más médicos, más ingenieros agrónomos en el campo y más recursos para inversión y protección social.
Reiteró que la iniciativa presentada en el Congreso Nacional orientada a otorgar la permanencia a los empleados públicos con más de un año de estar por contrato, hay que mirarla con cuidado porque si bien es cierto hay que mejorar las condiciones de los trabajadores estatales, pero el Presupuesto General de la República ya está “topado” y hay que hacerle frente a amenazas naturales como la sequía, las inundaciones y tantas necesidades que hay que resolver con mayor eficacia y eficiencia con relación a la recaudación.
Tábora fue enfática al señalar que el compromiso del presidente Juan Orlando Hernández y su equipo económico es no incrementar los impuestos y el Congreso Nacional al tomar este tipo de decisiones la salida para financiar el impacto es recortar de otras fuentes ya que existe un Presupuesto General aprobado.
“Yo no creo que ese sea el camino porque hay tantas necesidades que creo que tenemos que sentarnos a mirar bien, con responsabilidad las decisiones que se tomen en torno al Presupuesto público que son impuestos que todos pagamos”, recalcó.
Por otro lado, recordó que el presupuesto para inversión pública para 2019 es de 25 mil millones de lempiras y se está iniciando el año con licitaciones que están en proceso por lo que no se cuenta con los datos de ejecución.
Añadió que un 80 por ciento de la inversión es privada nacional y extranjera y un 20 por ciento del sector público. La inversión privada se estima que podría rondar los cuatro mil millones de dólares.
Informó que la semana pasada estuvo en Washington en una reunión con ministros de Finanzas de Centroamérica y el secretario de Hacienda de México, donde se habló sobre una articulación para una mayor integración comercial y de infraestructura de los países del Triángulo Norte de Centroamérica con México.
Eso es muy importante porque al integrar las cadenas productivas se podrá atraer una mayor inversión y generar más confianza porque esa conexión permitirá comercializar los productos con más rapidez y más volumen al mercado norteamericano y el mercado chino porque México es parte del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico lo que permite mayor fluidez de mercado, arguyó.
Respecto a las inversiones de las Alianzas Público-Privadas, indicó que se trabajará esta semana ya que por instrucciones del presidente Hernández, se está revisando con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todas las inversiones de las APP que están en proceso, algunas de las cuales hay que volver a iniciar prácticamente.
Esa revisión va a permitir contar con un marco institucional de mayor transparencia y eficacia en las APP que se necesitan para sacar adelante al país.
Indicó que la licitación para la contratación de 240 megavatios de energía para la ENEE se suspendió porque existen bastantes dudas y reservas entre varios sectores.
