Rabat/Argel.- Las rutas migratorias han ido cambiando este año desde el Mediterráneo central y oriental hacia el Mediterráneo Occidental con crecientes oleadas de migrantes que llegan a Argelia y Marruecos, dos países vecinos que se enfrentan desunidos al fenómeno.
La ruta que parte especialmente de Marruecos hacia España se ha convertido este año en la más concurrida por los emigrantes irregulares, haciendo que España sea este año el primer destino europeo de migración clandestina con 52.678 llegadas, según las últimas estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pese al descenso de la presión sobre la ruta del Mediterráneo central que partía de Libia hacia Italia desde que el país europeo alcanzara un acuerdo con las milicias libias y convirtiera a algunas de ellas en guardacostas, esta ruta es aún la más mortífera del mundo con cerca de 1.300 muertos este año (2.844 murieron en esa ruta en 2017), frente a 681 en las aguas entre Marruecos y España.
Ese acuerdo explica en parte el cambio de rutas, pero los expertos añaden otros factores: la inestabilidad reinante en Libia, la línea dura y antimigratoria de Italia, y el traslado de los barcos de ONG de rescate de migrantes a las costas de España tras la decisión del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de ofrecerse como anfitrión del Aquarius.
Así, el descenso del número de migrantes que trata de cruzar por Libia ha coincidido con un aumento de los que lo han intentado desde las costas de los otros países magrebíes.
Según el Foro Tunecino de los Derechos Económicos y Sociales, 3.811 ciudadanos tunecinos alcanzaron las costas italianas entre enero y agosto de este año frente a los 1.721 que lo hicieron en el mismo periodo de 2017.
En Argelia no existen cifras oficiales, tampoco registros de la OIM, pero organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional aseguran que más de 6.500 emigrantes procedentes de África subsahariana fueron expulsados de Argelia en 2017, principalmente a Níger y Mali.
En mayo pasado, el ministro argelino de Interior, Noureddine Bedoui, admitió que su país expulsó a unos 27.000 migrantes irregulares en los últimos tres años.
Argelia es el país por el que entra la principal ruta africana de emigración del Sahel, que se divide en dos ramas distintas al alcanzar la ciudad central argelina de Ouargla.
Desde ahí, una de las ramas parte en dirección a Libia y la otra a la frontera con Marruecos, muy cerca de la costa.
La ruta marítima desde Marruecos ha vuelto a ser este año la más concurrida tanto por emigrantes subsaharianos como por magrebíes; a ello contribuye también la falta de coordinación entre Rabat, Argel y Trípoli para enfrentarse al tránsito migratorio.
En Libia, las milicias que controlan partes enteras del país no dudan en encerrar a los emigrantes en condiciones de semiesclavitud hasta que satisfagan ciertas cantidades de dinero; en Argelia, las autoridades han conseguido hasta ahora un control eficiente de sus costas con una política de mano dura ocasional con los subsaharianos.
Marruecos oscila entre las deportaciones coyunturales de subsaharianos (unos 80 en el año en curso) y un proceso de inserción con la regularización de 50.000 emigrantes en los últimos años.
Es este último país el que en 2018 está sufriendo crecientes oleadas de emigrantes que aspiran a embarcar a España en algún viaje clandestino a bordo de pateras a cambio de una cantidad de en torno a 2.000 euros, que pueden subir 500 más solo por tener derecho a un chaleco salvavidas.
Según las cifras del Ministerio marroquí de Interior, 76.000 intentos de salidas ilegales hacia España fueron abortadas por sus cuerpos policiales en lo que va del año.
En una entrevista con Efe, el Director de Migraciones y Vigilancia Fronteriza en el Ministerio marroquí de Interior, Jalid Zeruali, dijo que su país empieza a «estar superado» en su dispositivo de seguridad con estas oleadas excepcionales de emigrantes.
Zeruali reclamó también una implicación «permanente y duradera» de la Unión Europea (UE) en el control de las fronteras.
La UE respondió al llamamiento de Rabat con el desembolso por parte de la Comisión Europea de una ayuda de 140 millones de euros, una cifra para la que la implicación del gobierno español fue determinante.
