A tres semanas de triunfo en el Supremo persiste la incertidumbre sobre DACA

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A group of immigrant youth and allies rally in anticipation of a decision on the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) case in front of the Supreme Court in Washington, DC, USA, 15 June 2020. EFE/EPA/SHAWN THEW/File

Washington – Tres semanas después de que la Corte Suprema dejó en pie la Acción Diferida (DACA), el Gobierno de Donald Trump sigue sin indicar si cumplirá con el programa, permitirá renovar los permisos de los «soñadores» y aceptará nuevas solicitudes, lo que aumenta la inquietud entre los jóvenes inmigrantes.

La decisión del Alto tribunal implica que el Gobierno debe permitir la renovación de los permisos para unos 650.000 inmigrantes amparados por DACA y ha de reabrir la recepción de nuevas solicitudes, incluidas las de unas 66.000 personas impedidas del trámite desde el decreto de Trump en septiembre de 2017 que dio por terminado el programa, pero hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado.

«Como consecuencia de la decisión, se supone que el programa debe seguir funcionando tal como fue creado», dijo a Efe Jorge Lowereee, director de políticas del American Immigration Council. «El Gobierno debe seguir procesando las renovaciones, los pedidos iniciales y las solicitudes para viajes al exterior de los recipientes de DACA por razones humanitarias».

«Hay que recordar que, además de los recipientes de DACA, esto afecta a unos 250.000 niños, hijos de los ‘soñadores’, que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses», agregó Loweree.

El Tribunal Supremo desechó el 19 de junio por «arbitraria y caprichosa» la medida de Trump, indicando que carecía de argumentos que sustentaran la terminación de DACA, y el Gobierno ha indicado que volverá a presentar su caso con argumentos suficientes en busca de un fallo que podría forzar la deportación de casi un millón de personas.

Ese movimiento por parte del Gobierno podría ser inminente, aunque se anticipa que le acompañarían nuevas demandas legales para intentar bloquear este segundo intento o al menos retrasar el proceso hasta las elecciones del 3 de noviembre próximo en las que Trump se juega la reelección.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), que ha anunciado flexibilidad en los plazos para diversos trámites, no ha publicado hasta el momento sus intenciones en relación con los permisos de DACA.

«Hasta ahora no han indicado si cumplirán con esa parte», dijo Luis Aguilar, director del grupo CASA. «Lo que hemos escuchado es que hay demoras e inconvenientes debido a la pandemia de COVID-19».

Jessica Borter, del Instituto de Política de Migración, señaló que tras el fallo del Supremo no ha quedado en claro en qué forma el Gobierno de Trump seguirá manejando un programa DACA que además está resuelto a dar por terminado.

Por su parte, Frank Sharry, director ejecutivo del grupo America’s Voice, dijo en una declaración que «Trump y sus colaboradores operan como si lo de ‘ley y orden’ es algo a infligir sobre los demás y a evitar cuando se trata de sus amigos y familiares».

«El cronómetro sigue corriendo para que el gobierno de Trump cumpla con la decisión del Supremo sobre DACA», añadió. «Una Casa Blanca políticamente razonable, como mínimo, aceptaría la decisión del Supremo y el veredicto de la opinión pública reabriendo este programa muy popular a todos quienes tengan derecho a acogerse».

Las encuestas muestran que más del 70 % de los estadounidenses apoya el programa, creado en 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama, que ha protegido de la deportación y ha permitido que trabajen y estudien legalmente cientos de miles de inmigrantes traídos al país cuando eran menores de edad.

Por su parte, la Conferencia de Alcaldes de EE.UU. pidió al presidente Trump en una carta abierta que no insista en la cancelación de DACA antes de que el Congreso dé una solución legislativa a esta situación.

«La decisión del Tribunal Supremo que mantiene el programa DACA dio un alivio a los beneficiarios del programa», señaló la carta. «También dio un mensaje poderoso a los ‘soñadores’: este país es el vuestro ahora y seguirá siendo vuestro hogar mañana».

«Los ‘soñadores’ son nuestros vecinos, colegas, trabajadores esenciales, empresarios, estudiantes y soldados», continuó. «Para cientos de miles de personas en todo el país esta decisión representó un cambio vital, fue una fuente de alivio y una razón para la celebración».

Pero mientras tanto el Gobierno define el modelo de funcionamiento de DACA, cientos de jóvenes indocumentados ven cómo sus amparos migratorios van expirando y pueden verse en peligro de deportación.

Y todo en un contexto en el que USCIS enfrenta una crisis financiera que le ha llevado a pedir al Congreso 1.200 millones de dólares y avisar a más de 13.000 empleados de que, en caso de no recibir esta ayuda, en las próximas semanas pueden quedarse temporalmente sin trabajo, lo que afectaría el funcionamiento de la agencia y la emisión de visas, procesos de ciudadanía y renovaciones de DACA.

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