Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevan arrestadas a dos mujeres, presuntamente inmigrantes indocumentados. EFE/Gary M Williams/Archivo

Atlanta (GA) – Al cumplirse el primer aniversario de una de las mayores redadas de inmigración hechas en el país, las secuelas todavía se sienten en la comunidad hispana de Mississippi, que este viernes recuerda a quienes aún permanecen detenidos y a los que ya fueron deportados.

Los familiares y allegados de los cientos de trabajadores que fueron detenidos esa mañana del 7 de agosto de 2019 conmemoran la fecha no solo con una serie de vigilias programadas para esta noche sino con un aviso a la Administración del presidente Donald Trump: «Seguimos aquí, seguimos de pie y seguimos luchando por nuestras familias».

«Aunque nos han pegado, aunque trataron de corrernos y nos trataron como desechables, nuestra comunidad sigue luchando, resistiendo y tratando de proveer a sus familias. Y eso es lo que hace la comunidad inmigrante en este país, viene aquí a buscar oportunidades para sus familias», dijo a Efe Lorena Quiroz, de la organización Immigrant Alliance for Justice and Equity of Mississippi.

Un total de 680 personas fueron arrestadas hace un año durante una redada masiva que efectuaron unos 600 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en siete procesadoras de alimentos ubicadas en seis diferentes localidades del centro de Mississippi, en lo que se considera el mayor operativo contra los indocumentados en la última década.

Un año después de esa redada, que separó a cientos de familias hispanas, varios de los detenidos aún continúan recluidos en centros de detención, mientras que muchos otros fueron deportados o decidieron regresar a sus países ante el temor de que ICE vuelva por ellos, según dijo Quiroz.

«Cómo puede ser que un año más tarde, nuestros hermanos y hermanas siguen en prisiones de ICE», se preguntó la activista, cuya organización ha apoyado a las familias impactadas por las acciones de Inmigración en los poblados de Morton, Laurel, Forest y Carthage.

Quiroz dijo que los efectos en la comunidad se sienten, «emocional y económicamente», y hasta se han recrudecido con la crisis económica suscitada por la pandemia del coronavirus.

«La redada dejó mucho trauma. Todavía hay mucho miedo de que ICE regrese. También económicamente ha afectado mucho y cuando comenzó la pandemia del COVID-19 las personas no tenían ahorros porque habían perdido sus trabajos. Además, muchos están tratando de irse a otros estados. Todo esto está afectado la economía de Mississippi, que ya es uno de los estados más pobres de la nación», dijo Quiroz.

Los actos de este viernes están previstos para comenzar a las 7:00 de la tarde, hora del este, y serán transmitidos por Radio Jornalera (https://radiojornalera.org/) y a través de la página en Facebook de Immigrant Alliance for Justice and Equity of Mississippi.

EMPLEADOS DE PLANTAS INDUSTRIALES ENFRENTAN CARGOS

El aniversario de la redada también estuvo marcado por las acusaciones presentadas contra cuatro empleados de dos de las plantas procesadoras de alimentos allanadas, por cargos que van desde proteger a inmigrantes indocumentados y presentarlos como ciudadanos estadounidenses, hasta por ayudarlos a obtener tarjetas de Seguro Social falsas.

El anuncio fue hecho el jueves, en la víspera del aniversario, por el fiscal federal Mike Hurst y el director interino de ICE, Matt Albence, que aprovecharon el momento para criticar la cobertura de la prensa sobre el tema al señalar que se enfocó más en la separación de las familias inmigrantes que en las víctimas de robo de identidad.

Entre los detenidos figuran dos hispanos, que fueron identificados como Salvador Delgado Nieves, de 57 años, e Iris Villalón, de 44 años, quienes trabajaban para la empresa A&B Inc, en Pelahatchie, y que, de ser hallados culpables, pueden enfrentar penas de 70 y 20 años de prisión, respectivamente.

El fiscal Hurst dijo que la pesquisa todavía continúa y que hasta el momento se ha saldado con 126 acusaciones.

Ante las críticas por los devastadores efectos en la comunidad inmigrante, Hurst se ha defendido señalando que el objetivo principal de su oficina es mantener la ley y el orden, y que los trabajadores inmigrantes que hicieron uso de identidades falsas serán procesados como cualquier otras persona que haya incumplido la ley.