Miami – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó este lunes de la presentación de una demanda contra las autoridades del condado Baker (norte de Florida), a las que acusa de impedir ilegalmente que los abogados accedan personalmente a sus clientes en un centro de detención de inmigrantes de la zona.
La demanda afirma que la Oficina del Alguacil de Baker, que tiene un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., violó las normas de esa agencia federal y la Constitución de Estados Unidos al negar a los abogados el acceso a reunirse con clientes existentes y potenciales sin justificación.
De acuerdo con ACLU de Florida, sus representantes alertaron a ICE sobre la violación, pero la agencia federal no tomó ninguna medida.
Los acusados en la demanda presentada en un tribunal federal en Jacksonville son la oficina del aguacil de Baker, el titular de la misma, Scotty Rhoden, y dos ayudantes principales.
“La gente está sufriendo en Baker y debemos asegurarnos de que los que están en el poder rindan cuentas”, dijo en un comunicado Katie Blankenship, directora adjunta de asuntos legales de ACLU.
La demanda obedece a que los funcionarios del Centro de Detención de Baker cancelaron, con dos días de aviso, una visita planificada para el 9 de septiembre por parte de abogados de ACLU y estudiantes de derecho inscritos en un programa de esa organización.
El objetivo de la visita era instruir a los inmigrantes sobre sus derechos legales.
Los abogados se presentaron de todos modos y fueron rechazados en la entrada de la cárcel, situada en Macclenny, a unas 30 millas (70 kilómetros) al oeste de Jacksonville.
ACLU de Florida había presentado en agosto pasado una queja administrativa según la cual los inmigrantes detenidos en Baker están en condiciones “atroces”.
La organización le pide al juez en su demanda que dictamine que el alguacil de Baker ha violado la Constitución y le prohíba hacerlo en el futuro.
También solicita “daños compensatorios, punitivos y nominales apropiados”, honorarios y costos de abogados, y “cualquier otra reparación que el tribunal considere justa y correcta”.
“Un aspecto central del trabajo de la ACLU de Florida es proteger y defender los derechos de las personas detenidas bajo custodia de inmigración”, afirma la denuncia.
Para ello, “debe tener la capacidad de reunirse confidencialmente con personas que denuncian condiciones abusivas o inhumanas mientras están bajo la custodia de ICE para investigar sus quejas, defender sus derechos y emprender acciones legales”.
En agosto, en una entrevista con un medio de Jacksonville, el alguacil dijo que las denuncias de ACLU son “solo mentiras” y aseguró que en la cárcel de Baker se toman “en serio tratar a las personas de la manera en que deben ser tratadas”.
“Durante más de una década, se han presentado múltiples quejas del Centro de Detención del Condado de Baker, exponiendo un patrón profundamente arraigado de abuso humano desenfrenado, abusos de derechos y condiciones de vida inhumanas”, subrayó ACLU Florida.
