Los Ángeles – La Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) solicitó este jueves al Congreso de Estados Unidos y al Gobierno del presidente Joe Biden tomar medidas “inmediatas” para garantizar la atención médica a los migrantes que están bajo custodia de las autoridades fronterizas.
La petición se centra en que se refuerce la supervisión y responsabilidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre los contratistas que brindan atención médica a migrantes que están en sus centros de detención.
La solicitud se da después de que un alto funcionario de la CBP presentara una denuncia ante el Congreso estadounidense en la que afirma que sus supervisores no monitorearon adecuadamente a un contratista de servicios médicos antes de la muerte de una niña migrante.
Anadith Tanay Reyes Álvarez, de ocho años, falleció el 17 de mayo pasado cuando estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza (que forma parte de CBP) con sus padres y sus dos hermanos mayores en las instalaciones de CBP en Harlingen (Texas).
El día en que murió, la niña (quien nació en Panamá) fue atendida por una enfermera practicante en cuatro ocasiones después de quejarse de dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar. La enfermera (una empleada de Loyal Source Government Services) se había negado a enviar a la niña a un hospital.
Según información citada por The Washington Post, el oficial de CBP Troy Hendrickson fue reasignado de puesto después de plantear a sus supervisores preocupaciones sobre los servicios prestados por el contratista médico Loyal Source, que supuestamente operó con un déficit de personal del 40 % y permitió trabajar a empleados sin licencias adecuadas, entre otros problemas.
Los abogados de Hendrickson dijeron en la denuncia que si las preocupaciones de su cliente se hubieran abordado la niña “aún podría estar viva”, destacó el rotativo.
Eunice Cho, abogada de ACLU, calificó la denuncia como “alarmante” y advirtió que es el “último ejemplo del profundo fracaso” de EE.UU. en defender la dignidad de los migrantes y garantizar que reciban la atención médica cuando están bajo la custodia de la CBP.
“No podemos darnos el lujo de esperar a que ocurra la próxima tragedia evitable en los centros de detención de la CBP. Necesitamos urgentemente que el Congreso y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) lleven a cabo una supervisión sólida de CBP, Loyal Source y cualquier contratista de atención médica en el futuro”, agregó Cho en un comunicado.
ACLU pidió al DHS que ponga fin inmediatamente a los contratos con Loyal Source y garantice que cualquier nuevo convenio incorpore estándares sobre la prestación del servicio.
