Tegucigalpa – La ley para proteger a los desplazados por la violencia en Honduras, aprobada en 2022, plantea visibilizar más el fenómeno, dar respuestas a las víctimas y prevenir nuevos desplazamientos, afirmó este miércoles a EFE el representante residente de la Acnur en Tegucigalpa, Andrés Celis.
La normativa «sin duda» permitirá conocer la magnitud del desplazamiento interno en Honduras y mejorar la protección de las víctimas ante amenazas como el reclutamiento forzado, aseguró Celis en una entrevista con EFE.
La Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, aprobada por el Parlamento hondureño en diciembre de 2022, incluye la creación de un observatorio para que el país tenga cifras actuales e información desagregada, añadió.
Las estadísticas contribuirán a analizar mejor las causas del fenómeno para formular «políticas encaminadas a prevenir, proteger a las personas desplazadas y encontrar soluciones», subrayó.
Según el último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar de residencia y buscar protección en otra parte del país por razones vinculadas a la violencia causada por grupos armados, pandillas o maras entre 2014 y 2018.
MECANISMO DE INCLUSIÓN
Para el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la ley es un «mecanismo de inclusión» y reconoce «la realidad» de las personas desplazadas y afectadas «históricamente» por la violencia que afecta a Honduras, que a diario registra un promedio de entre 10 y 15 homicidios.
El marco de la norma, que tiene 81 artículos, establece «una gobernanza de la respuesta al desplazamiento» y exige una «coordinación» entre las instituciones estatales frente al problema, añadió.
Genera «la posibilidad de fortalecer el financiamiento de una respuesta y rompe de partida un círculo vicioso que parecía estar existiendo en el país en términos de no es posible dar una respuesta porque no está establecida en la ley, luego las instituciones no tienen mandato para hacerlo y, en consecuencia, tampoco podemos aceptar recursos», enfatizó.
Celis considera «una buena noticia» la aprobación y sanción de la ley para proteger a los desplazados en Honduras, ya que permite «ordenar mejores respuestas» y que la comunidad internacional y la sociedad civil puedan «complementar de mejor manera los esfuerzos» que haga el Estado.
Destacó que la iniciativa debe mejorar la obligatoriedad en términos de asistencia para las personas desplazadas, porque «si no tienes asistencia de pronto dices: bueno no tengo ninguna opción, me tengo que quedar aquí y el quedarme aquí puede significar arriesgar mi vida, arriesgar mi libertad y mi integridad».
El mecanismo de asistencia estructurado y ordenado, apostilló, «da una ruta de protección a las personas, permite ir atendiendo necesidades inmediatas de la población» y proporciona al Instituto de la Propiedad las herramientas necesarias para proteger los bienes abandonados por los desplazados.
Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, el 68 % de los desplazados sufrieron apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32 % logró conservarlas tras el desplazamiento.
PROTEGER BIENES DE DESPLAZADOS
La norma permitirá promover mecanismos para resolver conflictos relacionados con el despojo de tierras y proteger los bienes abandonados por las personas obligadas a desplazarse.
El representante de la Acnur agregó que la ley contribuirá además a prevenir nuevos desplazamientos forzados, pues el primer mecanismo para resolver el fenómeno es reconocer el problema, un fenómeno reconocido por Honduras en 2013.
“Esta ley es un reconocimiento fuerte, establece mecanismos de prevención, pero también está diciendo, no te acepto que reclutes niños y niñas, el generar políticas al respecto podría evitar y disminuir el número de exposición de niños y niñas al accionar de determinados grupos en zonas de alto riesgo”, enfatizó.
Celis destacó el “compromiso” del Gobierno de Honduras frente al desplazamiento forzado interno y señaló la importancia de colocar en la agenda pública la problemática.
Honduras cuenta con “herramientas” y tiene “compromiso” para garantizar respuestas preventivas del desplazamiento interno, añadió.
Resaltó además el rol de la sociedad civil y de las personas afectadas por la violencia para dar respuestas frente al desplazamiento forzado interno.
